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Los senadores le dieron media sanción a un proyecto de ley que plantea una serie de modificaciones a la Ley 6355 promulgada en junio pasado y que ponía más trabas al acceso a las Declaraciones Juradas de los funcionarios públicos. Por mayoría los legisladores decidieron derogar esta disposición y establecer que a la hora de presentar la información sobre sus bienes los funcionarios estatales firmen una autorización para que dichos documentos puedan hacerse públicos.
Otra de las disposiciones establecidas en este proyecto de ley es que proveedores o empresas que tengan vínculos con el Estado también presenten sus declaraciones juradas de bienes y activos. La propuesta fue aprobada y ahora pasa a la Cámara de Diputados para su consideración.
Este cambio incluye a personas físicas y jurídicas, que estarán obligadas a presentar el detalle de sus bienes, rentas, activos y pasivos a las empresas privadas, concesionarias, asociaciones, fundaciones, que reciben fondos o algún tipo de contraprestación y que bajo cualquier modalidad reciban dinero del Estado de forma regular. Quedaron excluidas de esta obligación las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El proyecto de ley –que fue presentado por legisladores de Patria Querida, Stephan Rasmussen, Fidel Zavala y Georgia Arrúa– obtuvo 17 votos a favor y 11 en contra.
Además de establecer que todas las empresas vinculadas al Estado presenten sus declaraciones, en el proyecto de ley también faculta a la Contraloría General de la República a dar a conocer públicamente los datos contenidos en dichos documentos y le atribuye los deberes de sustanciar los controles para determinar la veracidad de las informaciones presentadas.
Asimismo, responsabiliza a la Contraloría a dictaminar la correspondencia entre las declaraciones juradas así como de imponer sanciones de corroborarse irregularidades y denunciar ante el Ministerio Público si encuentran indicios de enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Ahora queda en manos de la Cámara de Diputados aceptar las modificaciones hechas a la ley 6355 y dar sanción al proyecto.
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Decisión en manos de los diputados
Al respecto, Ezequiel Santagada –de la organización Idea– indicó que con la media sanción del Senado es fundamental que el proyecto de ley sea tratado en la Cámara de Diputados antes del receso parlamentario o de lo contrario la ley entraría en vigencia desde el próximo 7 de febrero, de la forma en que fue sancionada en principio, es decir, con la exigencia de una orden judicial para la publicidad de las declaraciones.
Cabe recordar que fueron los diputados quienes incluyeron la necesidad de tener una autorización judicial para poder acceder a las declaraciones juradas en todos los casos. “Esto generaría que las declaraciones sean secretas”, comentó.
Para revocar los efectos de esta ley que esconden la información financiera de los empleados estatales, los senadores Sergio Godoy, Hugo Richer y Víctor Ríos presentaron un proyecto para abrogar la ley y establecer modificaciones, planteamiento que fue aprobado este jueves.