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Tras muchos debates, el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, más conocido como Tratado Escazú, fue aprobado en una Convención en San José de Costa Rica. Se abrió a la firma de los países el 27 de setiembre de este año; Paraguay lo firmó al día siguiente y el documento ya fue enviado al Congreso para su ratificación.
“Es un acuerdo que promueve el acceso a la información pública en temas ambientales y la disponibilidad amplia de esta información, no solamente a través de pedidos de acceso a la información sino información proactiva que el Estado debe proporcionar a la ciudadanía en temas ambientales”, explicó el abogado ambiental Ezequiel Santagada.
En el documento, que se encuentra disponible en internet, se destaca justamente que el objetivo es “garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados”.
En ese sentido, Santagada añadió que incluso agrega esa cláusula que indica que se requiere la participación ciudadana en la toma de decisiones de asuntos ambientales y también se facilita el acceso a la justicia y dinamización por daños ambientales. Incluso se incorpora un capítulo de protección a los defensores ambientales, el cual servirá para proteger a los guardaparques que son asesinados por cazadores, deforestadores o narcotraficantes.
En el tratado se abordan, textualmente, aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional y se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres.
Leer el tratado en este enlace: Acuerdo de Escazú
Miedo a la colonización
La cónsul en Porto Alegre, Rossana Berino, emitió el pasado 27 de octubre una carta que trabó el tratamiento de este tratado en el Congreso. En el archivo enviado incluso al presidente Mario Abdo Benítez afirma que este tratado “pretende cambios estructurales del Estado y de la Nación paraguaya”.
Le “alerta de la estrategia foránea que encamina a una paulatina desestructuralización o desnaturalización del Estado paraguayo tal y como lo conocemos hoy”. Además, asegura que el daño será irreversible, “como nunca antes visto”.
Le pide al mandatario que no ratifique el acuerdo ni se permita que “obedientemente se implemente el Programa de objetivos de Desarrollo Sostenible producto éste de una estrategia de Inteligencia Europea con tinte COLONIALISTA, como un Caballo de Troya (sic)”.
La cónsul considera que este acuerdo tiene un alcance que solo podrá ser analizado por una reforma constitucional. También dice que abrirá las posibilidades de participación de la comunidad internacional para hacer contrapeso en la definición sobre nuestros recursos patrios, “el cual sustentará el levantamiento de un Gobierno Mundial desde Europa, siendo el blanco de la primera etapa del arrastre: los países de América Latina y el Caribe”.
El artículo específico que considera de carácter “leonino” dispone que “no se podrán formular reservas al presente acuerdo”. Alegando que con esa frase se alterará nuestro orden estructural, menciona que el artículo 290 de la Constitución Nacional establece que “no se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de los mandatos o las atribuciones de cualquiera de los Poderes del Estado”.
Finalmente, afirma que “toda la vida de la población paraguaya será alterada, invasivamente controlada, afectando derechos garantías constitucionales”.
Ver nota completa haciendo en este enlace: Análisis de Rossana Berino
¿Ideología de género y aborto?
Por su parte, monseñor Edmundo Valenzuela invitó a los “agentes de vida y familia” a una reunión extraordinaria para mañana a las 10:30 en el Seminario Metropolitano para debatir sobre el Tratado Escazú. “Nos encontramos ante una amenaza que proviene de la Organización de las Naciones Unidas, que quieren hacer un acuerdo de todos los acuerdos, prácticamente imponiéndonos a aceptar todas las resoluciones anteriores de aborto, ideología de género, eutanasia”, advierte.
Para comprender cómo un tratado ambiental podría incorporar esos asuntos que él mencionaba, contactamos con monseñor Valenzuela, quien afirmó que con el documento se aprobarían varios acuerdos adicionales en los que se habla de los temas delicados.
“Así cómo se presenta, es un tema por el cual se quiere hacer un acuerdo que reúna todos los otros acuerdos que no se firmaron, desde el Acuerdo de El Cairo y de Beijing, y se pretende, a través de nuestro Parlamento, reconocerlo como un acuerdo del cual no se puede dudar ni discutir y que algunas organizaciones no gubernamentales estarían dirigiendo la realización de ese acuerdo en nuestro país y en otros países”, respondió.
“Esto haría que perdamos nuestra soberanía, no tengamos ninguna soberanía y tengamos la dictadura de las ONG que van a ejecutar todos los acuerdos en relación al aborto, a la eutanasia, a la ideología de género, a la destrucción de la naturaleza humana. Esa es la preocupación”, aseveró en otro momento.
Nuevamente le consultamos qué artículos o frases del tratado podrían representar una amenaza. No supo especificarlos y se limitó a solicitar que leamos el documento; cuando le señalamos que justamente tras una lectura no hallamos ningún párrafo que podría malinterpretarse, nuevamente señaló que debemos leer todo el tratado y volver a llamarlo después de la reunión que se llevará a cabo mañana.
Sobre estas opiniones, el abogado Santagada señaló que considera que personas “de mala fe” convencieron a monseñor Valenzuela de que este tratado atenta contra la vida, pese a que en realidad lo que busca es proteger nuestro ambiente y, además, también a los propios guardaparques que custodian la naturaleza. Negó “categórica y enfáticamente” que este acuerdo internacional guarde relación con cuestiones como las señaladas por Valenzuela.