La acusación se presentó el miércoles pasado por los supuestos delitos de coacción, amenaza de hecho punible y violación a la ley de armas de fuego.

El administrador y operador de la radio ZP 28 de Caacupé, Alejandro González, había denunciado a Gregorio Morales por sacarlo a punta de pistola de su casa y llevarlo hasta la radio, propiedad de la mamá de Papo, para que le entregara el dinero que había allí.

Para elevar el caso a juicio oral, el fiscal de Caacupé, Benjamín Vera, ofrece testigos y videos de cámaras de seguridad, entre otras evidencias.

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Morales también es procesado bajo sospecha de amenazar de muerte a Antonio Talavera, excapataz de la estancia de su familia, en el distrito de Borja, departamento de Guairá. Fue el 22 de junio de 2018 a orillas del río Tebicuarymí, según la víctima, y quedó grabado en un video.

Estuvo preso por ambas causas, pero salió el libertad tras obtener su sobreseimiento provisional en el caso de Guairá, a pedido de la fiscala de Villarrica, Noelia Soto Godoy, quien afirmó que no tenía pruebas para acusarlo. El planteamiento fue admitido por el juez penal de Garantías César Acosta.

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A pesar del video, la víctima Antonio Talavera habría llegado a un acuerdo económico con Morales. Desistió de la querella adhesiva y no declararía en contra de Papo en un eventual juicio.