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El fiscal Arriola solicitó la imputación luego de que se detectara la modificación del uso de suelo de una reserva boscosa de 1.860 hectáreas en el distrito de Mariscal Estigarribia sin contar con la autorización del Ministerio del Ambiente (Mades).
La denuncia fue presentada por el abogado Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), bajo patrocinio de los abogados Éver Martínez y Federico Legal.
El denunciante realizó varios pedidos de acceso a la información pública sobre las licencias ambientales emitidas por el Mades, la titularidad de propiedades a la Dirección Nacional de Catastro y a la ANDE.
Cruzando los datos obtenidos a través de información pública con los rastreos satelitales de deforestación en el Chaco, se detectó la posible comisión de delitos ambientales en dos fincas ubicadas en la colonia Ñande Mba'e, del distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
El inmueble figura a nombre de la firma Dasca SA, empresa que tiene como presidente a Antonio Francisco Scavone Oddone.
La Fiscalía se constituyó en el lugar y constató efectivamente la existencia de tala ilegal que afectó a 1.860 hectáreas de bosques que terminaron convertidos en pastura.
Se valieron de decreto pro deforestación de Cartes
Según los datos a los que tuvo acceso ABC Color, la firma Dasca delimitó su reserva legal de bosques naturales durante la vigencia del Decreto 7.702 que “permitía” compensar la eliminación de la reserva de bosques con certificados de servicios ambientales. Este decreto había sido emitido durante la presidencia de Horacio Cartes, en la misma época en la que una de las estancias del expresidente había solicitado realizar modificaciones al uso de suelo en el Chaco.
Sin embargo, antes de arrasar con la reserva debía contar con una licencia ambiental que lo habilitara y estableciera las medidas de mitigación y compensación específicas. La empresa de Scavone no cumplió con este trámite y directamente eliminó la reserva.
Acuerdo de Escazú
La utilización de la información pública para investigar delitos ambientales es precisamente uno de los puntos centrales del Acuerdo de Escazú, firmado el año pasado por Paraguay y cuya ratificación fue postergada por el Senado.
El Acuerdo de Escazú busca además brindar protección a los defensores ambientales y establecer herramientas y mecanismos para la investigación de delitos ambientales basados en el acceso a la información pública.
“Está todo en norma”, asegura
Antonio Scavone, por su parte, aseguró que no encuentra motivo alguno para la imputación. “Mañana voy a entregar todos los documentos. No tengo nada que esconder ni nada por el estilo. No corresponde esto”, sostuvo en conversación con ABC Color.
Scavone aseguró que él mismo acompañó el allanamiento a su propiedad y que en su momento ya aclaró lo ocurrido. Además, manifestó estar extrañado por no haber recibido ninguna notificación por parte del Ministerio Público. “Si me llegaba algo por lo menos tenía que hacer”, manifestó.
“Ustedes mismos se pueden ir a verificar en la Seam. Mi estancia es la única estancia en Boquerón que tiene una pastura silvopastoril, no se echa el bosque”, continuó.
Finalizó diciendo que entregará toda la documentación a la Fiscalía para demostrar que la imputación no correspondía.