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El fiscal Luis Piñánez explicó a ABC TV que la acusación se basa en los indicios recolectados que demuestran que el legislador contrató a tres funcionarios personales con rubros de la Cámara de Diputados, sin que estos cumplan funciones efectivas en la misma.
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De hecho, los funcionarios involucrados ya tienen fecha de juicio para febrero del año que viene, pero hasta ahora no se había podido acusar a Rivas por la cantidad de chicanas planteadas en el proceso.
Tras el pedido de la Fiscalía, un juez penal de Garantías debe evaluar si la acusación cumple con los requisitos legales -sin entrar a evaluar el fondo de la cuestión- y a partir de ellos, decidir si eleva o no a juicio el caso.
“Los funcionarios realmente cumplían funciones domésticas, uno en un estancia de él, otro en una en la cual mora en Asunción y otra en un negocio familiar. Esto motivó que grupos ciudadanos formulen una denuncia a través de estos recortes periodísticos”, indicó Piñanez, destacando que el caso comenzó a indagarse labor conjunta entre medios de prensa y la ciudadanía.
Según detalló Piñanez, el perjuicio al Estado incluso no es muy elevado (unos G. 47 millones), pero no por ello dejan de ser relevantes los delitos. Por estafa, Rivas se expone a 5 años de prisión, mientras que la espectativa de pena por cobro indebido de honorarios ronda los 2 años de penal privativa de libertad.
El fiscal además destacó la alevosía con que actuaba el legislador, puesto que incluso llegó a firmar la planilla de asistencia de estos funcionarios, estado este de viaje, es decir, se llenaban las certificaciones de asistencia de una sola vez.