En una entrevista concedida a ABC Cardinal, María Carolina Llanes Ocampos, quien juró como ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en julio pasado, fue consultada sobre los últimos casos de liberación de condenados por abuso sexual infantil, que salieron de la cárcel debido a que las sentencias no están firmes.

“El hecho de querer penalizar antes de hacer el juicio obviamente que no corresponde. Las medidas cautelares son de orden preventivo y están nada más y nada menos solamente a los efectos de acelerar el cumplimiento del proceso. En todo caso, tendríamos que reformar la legislación y establecer, no sé, previsión en la aplicación de medida cautelar; en ese caso tenemos que también reformar la Constitución. Los jueces se limitan a aplicar las leyes que están vigentes", remarcó.

No obstante, reconoció que existen falencias en el sistema de justicia. “Yo creo que hay que reformular la política judicial de aplicación de esas leyes. ¿Por qué? Porque también es importante asegurar que durante el proceso esas víctimas, o esas personas vulnerables, sean protegidas. Pero ahí no van a estar con un proceso en sí, ahí tiene que intervenir todo el Estado, todo el aparato del Estado a través de las diversas instituciones tiene que amparar a las víctimas de esos casos y con más razón a los menores, que generalmente provienen de familias que de por sí también son vulnerables”, dijo la ministra.

"Entonces, no se les puede pedir a la ley penal, a la ley procesal, al Código de la Niñez, todas las soluciones del problema (...) Eso es importante también aclarar (...) como para entender el alcance de la aplicación del sistema de justicia en estos casos. Más allá de que existen operadores que obviamente ejercen abusivamente estas potestades (...) que se canaliza a través de los organismos disciplinario, Superintendencia o Jurado en su caso.

Dijo que existen muchas necesidades en los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia y los magistrados del fueron coinciden todos en que no se cumple la Convención sobre los Derechos del Niño a la que está suscrito el Estado paraguayo, ni las garantías establecidas en la Constitución en relación a los menores de edad.

"Yo creo que el fuero así como está, más allá de la legislación especializada e inclusive algunos operadores especializados que tiene, es insuficiente para satisfacer las demandas que recibe en relación al tema. Acá hay Juzgados de la Niñez que no tienen en su disposición el equipo interdisciplinario que la ley exige, que tiene que participar dentro de los procesos en que se generan en torno a temas de la misma, ya sea de la niñez propiamente dicha o del adolescente infractor.

La ministra remarcó que si no se cuenta con el apoyo técnico necesario para llegar a las decisiones válidas en un fallo, entonces falta practicante el 50% de la infraestructura que el sistema requiere para ser eficiente.

“Y si por otro lado no existe la articulación entre el Poder Judicial y las otras instituciones del Estado, a nivel Salud, Educación, Codeni, en fin, tampoco se puede llegar a las respuestas establecida en la ley. Porque resulta que en el tema de la minoridad existen procesos, sumarios gratuitos que no tienen que dilatarse de ninguna manera; sin embargo, los conflictos que se desarrollan ahí son terribles, porque el conflicto a veces no es del niño, sino que es la relación entre el padre y la madre”.

Agregó que las dilaciones, la mora judicial y el servicio de justicia que llega tarde son también responsabilidad de los abogados y de las chicanas en el proceso.

“Yo creo que hay muchas deficiencias que deben superarse. Se trabaja en ello. No creo tampoco que existan soluciones mágicas, repentinas, porque es un proceso en el que participan no solamente los operadores judiciales, sino que también los abogados, que obviamente representan sus intereses, pero que también a veces responden a cuestiones particulares”, sostuvo Carolina Llanes.