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Masi recordó que, semanas atrás, la apoderada del Partido Democrático Progresista pidió una reunión con el Tribunal Superior de Justicia Electoral para emitir todos los cuestionamientos a tiempo y se reunió con Carlos María Ljubetic, Luis Salas y Fausto von Streber. Señaló que, ante varias consultas realizadas por la representante del PDP, la única respuesta que le dieron los técnicos del Tribunal fue: “Hay preguntas que no tienen respuestas”.
Por ese motivo, la parlamentaria consideró que hay alguien detrás de la suspensión del proceso licitatorio para el alquiler de urnas electrónicas. “Estoy segura de que no hay solo gato, hay león encerrado”, garantizó a radio ABC Cardinal 730AM.
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Asimismo, dijo que ellos hicieron un seguimiento de todo el proceso y desde el principio cuestionaron el lanzamiento tardío del llamado a licitación. Explicó que el cronograma era muy limitado y no tuvieron en cuenta la posibilidad de que haya protestas, como ocurre en prácticamente todos los concursos públicos.
Destacó que el lunes recibirán en el Congreso a los representantes del Tribunal Superior y no solicitarán que se relance una licitación ni retrotraer la actual. Aseguró que lo que harán es pedir que se evacuen todas las dudas para traer tranquilidad con respecto a la transparencia de la utilización de las urnas electrónicas. “Si no hay esta reunión, quien sea que esté dando órdenes va a seguir instalando miedo”, consideró.
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El pasado miércoles, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ordenó poner en pausa el proceso de licitación para la implementación del voto electrónico ante irregularidades en el pliego de bases y condiciones establecido por el TSJE y la protesta de una de las empresas.
La licitación internacional para alquilar 15.000 máquinas de votación a ser utilizadas en las elecciones municipales de 2020 tiene un precio tope de US$ 23 millones. Se presentaron dos consorcios internacionales: el primero es Magic Software Argentina en alianza con Excelsis, firma paraguaya proveedora del TSJE, y el segundo es Smartmatic, cuyos representantes denuncian una supuesta licitación amañada, favoritismo y peligro de “hackeo”.
Por su parte, ayer el TSJE respondió a la DNCP que la suspensión pone en riesgo las municipales 2020. El Tribunal también menciona que la decisión viola el artículo 82 de la ley de Contrataciones Públicas, en la que se menciona que una suspensión “no debe causar perjuicio al interés social y no se contravenga con disposiciones del orden público”.
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Días atrás, Masi también había expresado su preocupación por la aplicación del sistema de voto electrónico, pues verificando la situación de las empresas oferentes encontró que ambas cuentan con antecedentes y denuncias. Además, señaló que el TSJE está proponiendo utilizar máquinas que no emiten ningún tícket. “La condición era que se guarde el tícket, que es como un acta, sin identificar a la persona, pero eso no dice en el pliego de bases y condiciones”, añadió.
