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Un dictamen técnico firmado el 4 de octubre de 2018 por el entonces contralor Enrique García, que este año renunció a su cargo solo horas antes de su cantada destitución en un juicio político, aseguró que el contrato firmado por el Consorcio TX y la Municipalidad de Asunción no tenía objeciones.
“Entendemos que el proceso de licitación con ID 314.441 ha cumplido a cabalidad con las normas vigentes aplicables, por lo que la suscripción del contrato entre la Municipalidad de Asunción y el Consorcio TX deviene como resultado natural del proceso. Este organismo superior de control no encuentra motivos para que el contrato suscrito entre la Municipalidad de Asunción y el Consorcio TX y los derechos y obligaciones que emanan del mismo se vean afectados, o sus efectos se vean suspendidos”, había dictaminado García, amigo del intendente Mario Ferreiro.
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Esta decisión se contradice con otro dictamen de la CGR en que se informó que se encontraron “irregularidades” en la firma del contrato, algo que inicialmente la Comuna negó, pero luego admitió a través de su asesor jurídico, Juan Carlos Ramírez Montalbetti.
Sin embargo, la Municipalidad de Asunción informó después que analizará si es o no factible acatar el dictamen que recomienda suspender el servicio de consultoría del Sistema de Gestión Tributaria y restó importancia a la denuncia sobre irregularidades.
La municipalidad había respondido que los técnicos deben hacer una reevaluación para ver si es posible o no suspender en estos momentos los trabajos, porque justamente están en una “etapa muy delicada” debido a que están coexistiendo el sistema antiguo con el programa ARI de la firma TX, que está siendo “corregido, mejorado y actualizado”.
También existen denuncias de que este sistema no funciona, de acuerdo a los sindicatos de la Municipalidad de Asunción.
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En dos dictámenes, dados a conocer el pasado 6 de octubre, Contraloría General de la República (CGR) pide a la Municipalidad de Asunción que suspenda la consultoría del sistema de Gestión Tributaria y Catastral. Recomienda que la medida sea tomada hasta tanto la Corte Suprema de Justicia se expida al respecto, ya que hay una acción de inconstitucionalidad sin resolución aún.
El adjudicatario es el polémico Consorcio TX, cuya representante legal es Carla Elena Sosa Martínez.
Según la CGR, en la licitación se contempla la figura de una “consultoría”, pero la misma fue registrada en el portal de contrataciones como “Adquisición de un sistema integral de gestión tributaria”, lo que se confunde con las características de una concesión y tercerización. Luego, alega que se tendrá un perjuicio patrimonial, ya que el 22,75% del incremento en las recaudaciones será entregado como comisión.
Asimismo, critica que no se establece de forma clara la relación contractual y cita los artículos 169 y 170 de la Constitución Nacional que dictan que los impuestos y su recaudación corresponden a los municipios y se prohíbe la apropiación de estos. También se encontraron inconsistencias en cinco de los nueve apéndices que posee.
Agrega que, de resultar favorable la presentación de la inconstitucionalidad por parte de ciudadanos en la Corte Suprema de Justicia, la contratación resultaría inoperante. Finalmente, se cuestiona que la empresa no se hará cargo de daños a bienes municipales.
