Ayer se dio a conocer que la Contraloría emitió dos dictámenes, uno técnico y otro jurídico, en los que recomienda que la Municipalidad de Asunción suspenda la implementación de la tercerización y espere la definición de la Corte Suprema de Justicia a una acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo de ciudadanos y gremios de funcionarios de la Comuna. Se citan una serie de observaciones que se pueden considerar irregularidades en la concesión a favor del consorcio TX de capital de una empresa panameña.

Las autoridades municipales respondieron recordando que la CGR ya había hecho una auditoría por una denuncia anterior y la conclusión, emitida en octubre de 2018, decía que “no se observan reparos a las actuaciones realizadas por la Municipalidad de Asunción en el marco de la licitación referida y entiende que el contrato suscripto por ésta y Consorcio TX es legal y válido...". La misma Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tampoco encontró irregularidades en el proceso, según se recuerda en el comunicado de la Comuna.

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Sin embargo, la primera intervención de la Contraloría se hizo cuando era contralor general Enrique García, ex asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción y políticamente cercano al intendente Mario Ferreiro (Avanza País). La nueva auditoría fue a raíz de una denuncia más reciente, bajo la administración del ahora contralor Camilo Benítez Aldana.

La Municipalidad capitalina insiste en que la recomendación no se fundamenta en irregularidades y que, a pesar de los dictámenes, el contrato continuará en vigencia.

En entrevista con ABC Cardinal, el director general de Control de Contrataciones Públicas del Estado de la CGR, Paul Ojeda, reconoció que los gobiernos municipales tienen autonomía y deciden cómo utilizar sus recursos, pero recalcó que las observaciones detalladas en los dos dictámenes sí representan irregularidades.

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Observaciones

La Contraloría señala que existen indefiniciones sobre la naturaleza del contrato firmado por la Municipalidad de Asunción y la empresa TX. Es que en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación que terminó en adjudicación para la firma panameña, la Comuna habla de un “servicio de consultoría”; sin embargo, el mismo título del proceso licitatorio habla de “adquisición de un sistema integral de gestión tributaria”.

Otro punto es la delegación de atribuciones por parte de la Municipalidad de Asunción para el cobro de las tasas. En ese sentido, la Contraloría señala que desde la Constitución hasta la Ley Orgánica Municipal se establece el criterio de que la administración de los recursos provenientes de los tributos inmobiliarios corresponden exclusivamente a los municipios.

El ente también señala que existen numerosos puntos contradictorios y confusos en el contrato firmado con el consorcio panameño que abarcan desde la carga horaria hasta la disposición de los recursos humanos.