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Numerosas inconsistencias fueron detectadas en el proceso de licitación para la tercerización del cobro de impuestos de la Municipalidad de Asunción. Así lo revelan dos dictámenes, uno técnico y otro jurídico, elaborados por la Contraloría General de la República, y dados al Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca), impulsor de la denuncia contra la comuna administrada por Mario Ferreiro.
Además, el ente contralor recomendó que la comuna capitalina suspenda la ejecución del contrato con la firma panameña TX mientras la Corte Suprema de Justicia resuelve la acción de inconstitucionalidad que fue planteada por un grupo de ciudadanos contra la implementación del sistema.
Indefiniciones
Como primer punto llamativo, la Contraloría señala que existen indefiniciones sobre la naturaleza del contrato firmado por la Municipalidad de Asunción y la empresa TX. Es que en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación que terminó en adjudicación para la firma panameña, la comuna habla de un “Servicio de Consultoría”; sin embargo el mismo título del proceso licitatorio habla de “Adquisición de un sistema integral de gestión tributaria”.
Además de esas incongruencias, Contraloría señala que las características del llamado no condicen con la adquisición de un sistema; sino que tiene las características de una concesión o tercerización.
Como ejemplo de las características de una concesión o tercerización, el ente contralor señala que se establece un plazo de diez años para la prestación de servicios legales, administrativos y contables; además de un porcentaje fijo de los ingresos tributarios mensuales que debe ser destinado a la firma panameña.
“No resulta clara la naturaleza de la vinculación entre las partes y consecuentemente el fundamento legal que sostiene la relación contractual”, asevera uno de los documentos. Incluso se establece hasta la figura de un subconsultor, lo que no se ajusta a la contratación de los servicios de consultoría.
Municipalidad no puede delegar cobro
Otro punto señalado como llamativo por el ente contralor es la delegación de atribuciones por parte de la Municipalidad de Asunción para el cobro de las tasas. En ese sentido, los dictámenes técnicos y jurídicos de la Contraloría señalan que desde la Constitución Nacional hasta la Ley Orgánica Municipal se establece el criterio de que la administración de los recursos provenientes de los tributos inmobiliarios corresponden exclusivamente a los municipios.
“Esto se vería afectado por el contrato por la suscripción del contrato de referencia, en el cual se verifica una delegación de competencias y percepción de un porcentaje de los tributos, sin que tal previsión se halle contemplada en la señalada ley Orgánica Municipal”, puntualiza el informe.
Finalmente, el ente señala que existen numerosos puntos contradictorios y confusos en el contrato firmado con el consorcio panameño que abarcan desde la carga horaria hasta la disposición de los recursos humanos.
Desde la djudicación del Sistema de Gestión Tributaria y Catastral de la Municipalidad de Asunción al Consorcio TX diversos conflictos se desarrollaron en torno. La empresa -que según el contrato firmado con la comuna - cobrará el 22,75% sobre el aumento en recaudaciones que tenga relación directa con su gestión, ya presentó una factura solicitando su primer pago. Reclaman la suma de G. 2.648.589.774 alegando que hubo un aumento en la recaudación teniendo en cuenta los registros de enero del 2018 y enero del 2019.
Tanto la ciudadanía como los ediles realizaron reiterados cuestionamientos a la adjudicación otorgada al consorcio. Incluso se llegaron a solicitar medidas cautelares para evitar la implementación del sistema. Por parte del Ministerio Público, la fiscala adjunta Gilda Villalba, recomendó a la Corte que haga lugar a la acción de inconstitucionalidad que presentaron los concejales.
<b>Pagos al rescindirse el contrato</b>
Independientemente a la resolución que dictamine la Corte, una eventual suspensión o rescisión del contrato con el consorcio TX conllevará el pago de gastos y otros por parte de la municipalidad. Entre las cláusulas establecidas en el contrato de prestación de servicios firmado entre la Comuna y el Consorcio TX indican que en el caso de rescisión - de no terminarse corrupción o incumplimiento de los términos del contrato - la Municipalidad deberá pagar al consultor: las remuneraciones por servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; los gastos reembolsables en concepto de gastos realmente efectuados antes de la fecha de entrada en vigor del término de los trabajos y los gastos reembolsables en que haya incurrido efectiva y razonablemente el consultor durante la prestación de los servicios.
Con relación a la inversión del Consorcio TX en todo el proceso, incluyendo sus costos operativos, costos de escrituración, instalación como empresa, técnicos y los costos de software, hardware, gestión de actualización de catastro, estimaron una inversión entre US$ 9 a US$ 10 millones.
En la descripción de los costos de los servicios el consultor explica que la implentación del Data Center tuvo un costo de US$ 1.500.000. La licencia del sistema SAP para operar los registros va de US$ 1 millón hasta US$ 3 millones dependiendo la cantidad de usuarios. También estiman US$ 120 mil para cubrir los gastos operativos anuales y recursos humanos.