Cargando...
Masi comentó que el informe surgió en el Senado en setiembre de 2018, cuando Paraguayo Cubas tuvo un conflicto con Darío Monges y solicitó sus declaraciones juradas. Eso derivó en el pedido de informes de todos los parlamentarios, gobernadores, jefes de gabinetes y funcionarios entidades descentralizadas, ministerios y la Policía Nacional.
“La Contraloría está colapsada porque tiene la obligación de hacer todo ahora”, agregó en contacto con radio ABC Cardinal 730AM, luego de mencionar que no solo estudiará los datos de los principales funcionarios con altos salarios, sino también a aquellos que ganan sueldo mínimo en la Policía Nacional, por ejemplo.
Nota relacionada: Contraloría asegura que “hubo dolo” de Bacigalupo para ocultar datos
“El contralor pidió cuatro prórrogas y termina sin remitir al Senado (el informe). Al Senado nunca llegó”, añadió Masi. Asimismo, puntualizó que la Contraloría dice que ya analizó los datos del presidente Mario Abdo Benítez, el vicepresidente Hugo Velázquez y todos los miembros del Gabinete. “Y de ahí salieron esos cinco que envió a la Fiscalía”, agregó.
En otro momento, dijo que el contralor no manda los informes a la Cámara Alta porque sabe “que el Senado va a subir a la web, porque acá todo es público y ahí todo el mundo va a poder ver”.
Lea también: Senado debatirá el jueves sobre pedido de informes a la Contraloría
En la sesión de hoy se tratará un pedido de informe sobre el reporte del Examen de Correspondencia y Veracidad de Declaraciones Juradas de la Contraloría. El lunes pasado se derivaron a la Fiscalía los expedientes de al menos cinco ministros y de un exministro que arrojaron irregularidades e inconsistencias.
Los investigados son: el titular de Desarrollo Social, Mario Varela; el ministro de Educación, Eduardo Petta; la titular de la cartera de Trabajo, Carla Bacigalupo; la ministra de la Mujer, Nilda Romero Santacruz; el titular del Ministerio de Urbanismo, Dany Durand, y el entonces ministro de Agricultura, Denis Lichi.
Lea más: Inconsistencia en declaración jurada de bienes de ministros