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El pedido de derogar la Ley 4.027/2010, “que regula la concesión y aumento de pensiones graciables”, fue argumentado por el diputado Basilio Núñez en representación de la bancada de Honor Colorado, que fundamentó su propuesta en la necesidad de “cortar por lo sano” con un tema en el que, reconoció, los legisladores “se han pasado del límite”.
Recordemos que en la actualidad hay 404 personas que cobran pensiones graciables del Estado, que totalizan un monto de G. 6.232 millones de gasto al erario público.
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El diputado explicó que no está hablando de sacarles las pensiones a los beneficiarios que ya las tienen, sino de comenzar a regular la cuestión y ver cuál es el órgano encargado de regular el tema.
“Hemos pasado el límite”
“Evidentemente, no cumplimos con verificar quiénes serán los beneficiarios. Yo nunca he traído de mi departamento beneficiarios. No es que no hay, pero hemos pasado el límite; hay que hacer un mea culpa. Con la derogación de esta ley vamos a mejorar”, opinó el legislador.
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Si bien otros parlamentarios, como el diputado Édgar Acosta (PLRA), plantearon la opción de suspender por un tiempo prudencial las pensiones, la idea de Núñez de cancelarla y derogar la ley fue la que finalmente se aprobó.
Así, el proyecto de Bachi Núñez planteado sobre tablas fue aprobado en general y en particular en la Cámara Baja y ahora pasa al Senado.
Objetivos “distorsionados”
El objetivo de las pensiones graciables es otorgarlas a todas las personas que las merezcan por distintos servicios que hayan prestado a la nación, habiendo realizado algún acto heroico que haya aportado un servicio a la comunidad.
Pero en los últimos tiempos, este dinero se ha venido otorgando sin analizar minuciosamente los casos ni los méritos de los eventuales beneficiarios.
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El objetivo central del proyecto es frenar la gran cantidad de pedidos de pensiones graciables que se presentan a diario en el Poder Legislativo y que, para colmo, en su mayoría se aprueban por excepción de la ley, al no cumplir el postulante con todos los requisitos exigidos. Además, el proyecto incluye no aumentar los montos ya otorgados a los pensionados, que en muchos casos, se acercan a pedir un aumento.
En segundo lugar, los proyectistas plantean realizar un profundo análisis de la normativa “que ha tenido un fin loable pero que ha sido distorsionado en su aplicación”.
Romerito desató el debate
Los cuestionamientos sobre la pensión graciable saltaron al tapete hace unas semanas atrás, cuando la ciudadanía reaccionó indignada al enterarse de que la Cámara de Diputados otorgaría una pensión graciable al exfutbolista Julio César Romerito Romero.
El descontento no solo fue de los ciudadanos, sino de un sector de los diputados. Finalmente,ante el repudio social, Romerito tuvo que dejar de lado la pensión. Aún así, se disparó el debate sobre los méritos reales y criterios que se manejan en el Poder Legislativo a la hora de entregar dinero público.
El legislador que impulsó el proyecto, Walter Harms, insistió en todo momento en que el ídolo paraguayo se merecía este beneficio, aunque reconoció muchos beneficiados “no cumplen los requisitos”.