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Los legisladores ni siquiera pudieron unificar una postura sobre lo lesivo o no del acta firmada por el Gobierno, pese a que eso fue lo que motivó la creación de esta comisión bicameral. Los legisladores acordaron que se remitan los seis dictámenes -dos de ellos grupales y cuatro individuales- a ambas cámaras del Congreso y a la justicia ordinaria.
“Yo leí mayoritariamente que los representantes de la comisión dijeron que este acuerdo fue dañino para el Paraguay”, indicó tras la sesión el senador Eusebio Ramón Ayala, presidente de la Comisión, tratando de dejar una conclusión básica ante la falta de acuerdo. Durante la sesión fue el senador Enrique Bacchetta quien se opuso a votar una postura sobre los dañino o no del acta.
Finalmente se impuso la postura de la mayoría de los miembros, de que los dictámenes expuestos durante la sesión se envíen como están y que las respectivas cámaras saquen sus conclusiones, siguiendo las exposiciones plasmadas en los dictámenes presentados. Los senadores Jorge Querey (Frente Guasu), Eusebio Ramón Ayala y Abel González (PLRA) y Sergio Godoy (ANR-cartista), al igual que los diputados Fernando Oreggioni (PLRA), Justo Zacarías Irún, Walter Harms y Antonio Barrios (ANR-cartistas) firmaron diferentes dictámenes que sostienen que el acta firmada fue perjudicial para el Paraguay.
Solamente el diputado Colyn Soroca y el senador Enrique Bacchetta (ambos ANR-oficialistas) sostuvieron las postura de que al anularse el acta, no existió daño a nuestro país. Sobre las responsabilidades de cada uno de los actores del gobierno, las posturas ya fueron más dispersas.
Solamente Querey, Oreggioni, Ayala y Barrios indicaron que “hubo mal desempeño” del presidente Mario Abdo Benítez en este caso. Los cartistas Zacarías Irún, Walter Harms y Godoy excluyeron al mandatario alegando que la Constitución establece que el mismo no puede ser investigado, mientras que Soroca y Bacchetta dijeron que el mandatario no tuvo culpa alguna ni mal proceder. En total seis legisladores optaron por no apuntar al Presidente.
Nueva línea de investigación
Pese a la remisión de los antecedentes sobre la firma del acta entreguista, ahora se abrirá una nueva línea para investigar el caso de presunto intento de venta de nuestra energía a la empresa brasileña Leros, donde se sospecha un intento de negociado entre el vicepresidente Hugo Velázquez, el abogado José Rodríguez González y representantes de la firma que se sospecha está ligada a la familia del presidente brasileño Jair Bolsonaro.
Ayala indicó que enviarán una nota a los representantes de Leros -ya sea en nuestro país o los responsables en Brasil- para que concurran a la comisión. No convocarán al vicepresidente Velázquez, pero tomarán en cuenta su exposición ante la Cámara de Diputados, días después de estallar el escándalo.