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En varias de sus declaraciones juradas, Carla Bacigalupo ocultó datos como, por ejemplo, los inmuebles de su marido, además de una deuda “importante” por un vehículo y cinco inmuebles que estarían a nombre de ella, según manifestó esta mañana Armindo Torres.
El director general de Declaraciones Juradas aseguró que esos datos no fueron consignados en varias declaraciones, por lo cual decidieron remitir todos los antecedentes a la Fiscalía para que investigue el origen de sus bienes y la correspondencia con sus ingresos. “Nosotros estamos seguros, está todo documentado. Creemos que hubo dolo”, añadió.
Consultado sobre los cuestionamientos de Durand y Bacigalupo, quienes criticaron el no haber sido consultados para una rectificación, dijo que ellos se rigen por la Ley 5.033/13 e hicieron partícipe al Ministerio Público porque consideran que hubo dolo y esperan que se hagan las investigaciones correspondientes.
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Destacó que el artículo 3 de esa ley establece que la consignación de declaración jurada de bienes debe contener “la totalidad de activos y pasivos y los ingresos (…) tanto en el país como en el extranjero, del declarante, su cónyuge bajo régimen de comunidad ganancial de bienes, aun en caso de uniones de hecho, y de los hijos menores del mismo”.
Hizo énfasis en el punto en el cual se aclara que se debe declarar los bienes del cónyuge, a pesar de que existan “uniones de hecho”, es decir que también sea funcionario.
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Sobre los cuestionamientos de los dos denunciados, dijo que a ellos solo les corresponde notificar a la Fiscalía todos los hechos sospechosos. “Si ellos dicen tener todas las documentaciones correspondientes, los van a ir acercando a la Fiscalía”, añadió en contacto con ABC Cardinal.
Finalmente, adelantó que unos 1.200 funcionarios van a ser investigados, pero los trabajos serán lentos. “El Ejecutivo esperamos terminar en los primeros meses del 2020”, añadió.
Ayer, la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público los resultados del reporte del Examen de Correspondencia y Veracidad de Declaraciones Juradas en el que descubrió situaciones irregulares en el informe patrimonial de cinco ministros y de un exministro.
Entre los investigados también están el director de Desarrollo Social, Mario Varela; el ministro de Educación, Eduardo Petta; la ministra de la Mujer, Nilda Romero Santacruz, y el entonces ministro de Agricultura, Denis Lichi.
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