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El síndico de la Junta de Saneamiento, Rolando Figueredo, y el tesorero Arnaldo Benítez realizaron algunas aclaraciones acerca de las irregularidades en la organización y las recomendaciones del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa).
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Figueredo, quien es técnico administrativo, señaló que la deuda que empezaron a pagar ronda los G. 700 millones y que fue dejada tanto por la comisión directiva presidida por Néstor García Acosta como anteriores administraciones. Dijo que existe mucha morosidad, y que por ese motivo la Junta no tiene recursos para colocar unos 2.500 medidores para los usuarios. Sostuvo que el precio mínimo que cobran a los usuarios sin medidores es de G. 21.000, y que algunos usuarios hasta realizan conexiones clandestinas y les pasan el agua a sus vecinos.
Asimismo, negó que el agua no sea potable, ya que se realiza la cloración con los elementos aptos para el efecto.
A su turno, el tesorero de la Junta de Saneamiento, Arnaldo Benítez, dijo que cuentan con todos los documento de ingresos y egresos de lo recaudado, y que están pagando las deudas.
Acerca del conflicto suscitado en la Junta de Saneamiento, el abogado Narciso Benítez, en representación, dijo que las autoridades políticas que muestran interés en la Junta temen que se realice la auditoría porque se desviaron unos cien millones de guaraníes, y con una inspección se descubriría a manos de quiénes fue la citada suma.
A su turno, el licenciado Fabio Bazán señaló que la asamblea debe realizarse sí o sí para el cambio del estatuto, e invitó a los usuarios para una reunión, prevista para este sábado en la villa San Marcos, para hablar sobre el problema. La reunión está programada para las 16:00 en el centro comunitario de la mencionada villa.