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“Romerito”, en comunicación con ABC Cardinal 730AM, se defendió de los reproches sobre la pensión que le fue dada por parte de los diputados. El exfutbolista explicó que la pensión es para los jugadores que fueron campeones de América en 1979, por lo que no es el único que recibirá dicho beneficio, solo que su nombre “saltó” porque es conocido. “Fue un reconocimiento de la Cámara. Es para el grupo, no solo para mí”, manifestó.
Igualmente, hizo hincapié en que este beneficio es un reconocimiento a los jugadores por sus méritos, por lo que hicieron por la selección nacional de fútbol. Señaló que le presentó su pedido al diputado Walter Harms y fue este quien hizo prosperar la solicitud en la Cámara de Diputados. Afirmó que no quería ir a hacer fila para presentar el pedido y por ello recurrió al diputado.
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Con tono ofuscado, Romerito resaltó que no tiene por qué dar explicaciones y que ser “campeón de América no es una boludez". En otro punto exclamó: “Yo no voy a estar dando explicaciones de cuánto dinero gané y de lo que me perjudicó el cierre de los bancos”. Manifestó que actualmente cuenta con un trabajo y que no tiene tiempo para hacer gestiones y que todo se consiguió a través del diputado Harms.
Eugenio Morel, otro de los beneficiados, sostuvo que la pensión fue otorgada por méritos y no porque necesite un plato de comida o porque no tenga un sueldo mensual. “Es por haber conseguido algo por el país a nivel de selección”, resaltó.
En otro punto, subrayó que todas las gestiones para obtener la pensión se hicieron de forma legal, por las vías correspondientes. “Las cosas se hicieron reglamentariamente (…) Son varios los jugadores que recibieron (…) Esto está en estudio”, apuntó.
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También cuestionó que actualmente las personas no conozcan a los integrantes de aquella selección de fútbol.
La Ley N° 4.027 establece que para recibir una pensión graciable las personas deben ser mayores de 60 años y declararse insolventes. Que los exfutbolistas sean beneficiados con esta pensión sin cumplir con los requisitos es el principal cuestionamiento de la ciudadanía. que reclama al Estado la forma de entregar el dinero público.