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La sesión de interpelación comenzó poco después de las 09:00 de este miércoles, con 25 preguntas previamente formuladas por el Senado. La Cámara Alta resolvió llevar adelante este proceso a raíz de los diferentes episodios en que se evidenciaron graves problemas de seguridad, la mayoría vinculados con grupos criminales con raíces en el Brasil como el PCC y el Comando Vermelho.
Las primeras preguntas tuvieron relación con la fuga del narcotraficante Jorge Samudio, alias Samura, ocurrida el miércoles 11 de setiembre. En ese hecho falleció el comisario Félix Ferrari. En relación a este punto, lamentó el fallecimiento del policía y dijo que se reafirmaba en que se trataba de un “hecho aislado” porque no hubo ningún otro “rescate” de un criminal en los últimos tiempos, siendo este el único.
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Villamayor respondió que, como ministro del Interior, no tiene incidencia en las operaciones que ejecuta la Policía. En relación a la determinación de si Samudio fue o no trasladado con la condición de ser un preso de “alta peligrosidad”, indicó que esta definición corresponde al Ministerio de Justicia y no al del Interior.
Sobre cuáles son sus facultades como ministro en la responsabilidad de las tareas que se les asignan al comandante y al subcomandante de la Policía, respondió nuevamente que no tiene ninguna.
Luego, Villamayor fue respondiendo las preguntas que se contestaban con estadísticas: la cantidad de secuestrados por EPP, la cantidad de policías activos, la cantidad de personas asesinadas por grupos criminales, la cantidad de agentes asignados a la Fuerza de Tarea Conjunta, etc.
Además, como en ocasiones anteriores, cifró la cantidad de nuevos agentes del Grupo Lince, así como la manera en que se ejecuta el presupuesto del Ministerio del Interior. También justificó el pedido de aumento presupuestario para el año, que viene al reiterar que habría un “aumento vegetativo” de cantidad de agentes, la necesidad de comprar más insumos y el requerimiento de inversiones para la institución.
Finalmente, frente a la consulta de cuántos equipos de escucha telefónica tiene el Estado paraguayo, respondió que solo uno, que se compró en 2009, pero que se realizan actualizaciones frecuentes por cuestiones tecnológicas y que para ello existe un solo proveedor. “No existe la posibilidad de que estos equipos hayan sido usados para escuchas políticas o amorosas (...) Uno puede saber qué teléfono fue intervenido y quién intervino, por ejemplo, en el 2009”, finalizó.
