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Según precisó el juez Humberto Otazú, este miércoles se llevó a cabo la audiencia preliminar en la causa en la que están siendo procesados el expolicía Roberto Osorio y su esposa Ada Liz da Rosa Franco.
Osorio Romero y su esposa Da Rosa Franco fueron imputados en marzo de 2016 por los fiscales Igor Cáceres y Luis Piñánez, debido a que, según las pesquisas de los investigadores, la pareja no puede justificar la lujosa vida que llevaba con el sueldo del policía, que ascendía a G. 7.000.000 al momento de la imputación, cuando tenía el rango de suboficial. Su esposa no trabajaba.
Luego de sustanciarse la audiencia y estudiarse varios incidentes que fueron planteados por la defensa, además de escuchar los argumentos del Ministerio Público, el juzgado finamente resolvió aceptar la acusación del Ministerio Público por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y elevar la causa a juicio oral y público para que sea sustanciada en otra instancia procesal.
Según explicó el juez Otazú, de acuerdo a la ley de enriquecimiento, el marco penal puede ir hasta 10 años, y en caso de lavado de activos, es de hasta cinco años, pero se prevé la figura de agravantes, por lo que eventualmente la expectativa puede llegar hasta 10 años.
Ahora hay que esperar que la resolución quede firme y posteriormente se proceda al sorteo en forma inmediata, para remitir a los juzgados de sentencia y que se pueda agendar fecha y hora en que se llevará adelante el juicio.
En cuanto a los incidentes, la defensa del expolicía planteó incidente de prescripción, en el sentido de que Osorio había ingresado a la función policial en el año 1992, y ya transcurrieron los 10 años previstos para el marco penal de enriquecimiento.
Pero luego de analizar el acta de imputación y posteriormente la acusación, se mostró que el trabajo investigativo de la Fiscalía está dentro del marco, según el juez Otazú.
El magistrado señaló que el proceso se inició en el 2016; por lo tanto, la investigación se retrotrajo hasta el año 2006, los 10 años reglamentarios que la ley permite.
También se planteó la figura de falta de acción, en atención de lo que prescribe la Ley 1626, del Funcionario Público, que en su artículo 2 excluye a algunos funcionarios, entre ellos, el presidente, el vicepresidente, senadores, diputados y miembros de la Policía Nacional.
Pero el juez explicó que si bien la ley refiere que no es aplicable a los policías, se refiere al solo afecto de la relación laboral, que es lo que legisla esta ley.
“Todos sabemos que la Policía Nacional tiene su propia Ley Orgánica, la 222, que tiene sus modificaciones, así que tampoco ha prosperado ese incidente”, señaló el juez.
El acta de imputación sostiene que la mujer adquirió el 30 de noviembre de 2013 una camioneta Toyota Hilux modelo 2014 por US$ 49.140, un Mitsubishi Tritón 2011 por US$ 36.800 y un Audi Q7 del año 2014 por US$ 120.000. Además, la pareja cuenta con dos costosas propiedades en la ciudad veraniega de San Bernardino.
También se encontraron evidencias de que la pareja y sus hijos realizaron numerosos viajes al extranjero, usufructuaron hoteles y realizaron gastos que exceden las posibilidades económicas y financieras del matrimonio, según sus ingresos. Osorio está sindicado como cerebro del millonario desvío de cupos de combustible.