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El oficio firmado por el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Enrique Bacchetta, en fecha 28 de setiembre, indica al presidente de la Décima Circunscripción Judicial de Paraguarí, Javier de Jesús Esquivel, que le remita el expediente judicial original de un caso de abuso a una menor ocurrido hace cinco años, y cuyo juicio finalizó en los últimos días.
El motivo de este pedido tiene que ver con el llamativo proceder del tribunal de sentencia encargado de juzgar el caso, que, pese a hallar culpable al autor, el padrastro de una niña –de 7 años, al momento del abuso–, le otorgó a este el beneficio de la suspensión de la ejecución de la condena por dos años.
El tribunal de Paraguarí integrado por los magistrados Hugo Ríos, Gerardo Ruiz Díaz y Jorge Giménez Samaniego llamó la atención por lo benevolente que se comportó con el autor del abuso, con el argumento de que “no existió penetración”. Sin embargo, se comprobó que hubo tocamientos y abuso sexual en diferentes formas.
“Una oportunidad” para un condenado por abuso
Los abusos ocurrieron durante un periodo de aproximadamente dos años, cuando la menor tenía entre 7 y 9 años. El hecho fue denunciado por los padrinos de la menor, y la causa se elevó a juicio luego de cinco años de proceso.
El día de la sentencia, el juicio resultó indignante, pues los miembros del tribunal justificaron al condenado al decir que se trataba de “una persona preparada, con profesión”, y que, por lo tanto, se le daba la oportunidad de que “recapacite” y que cumpla una serie de normas de conducta, entre los cuáles destacaron la prohibición de acercarse a la víctima.
El condenado ya estuvo en prisión por alrededor de 8 meses, durante el tiempo que duró la investigación.
Debido a que el caso tomó estado público por la llamativa actuación de los jueces, cuando los familiares de la víctima estaban en la misma sala de juicio oral, el presidente del JEM ahora pide que en un plazo de 24 horas la Circunscripción Judicial de Paraguarí remita el expediente original del caso para su verificación.
Incluso la fiscala del caso, Mercedes Vera, y el abogado de los denunciantes, César Marecos, coincidieron en que la primera etapa de la investigación estuvo cargada de irregularidades.