“Defcorp” Corporación de Defensa SA tiene como representante legal al paraguayo Carlos Federico León Ocampos (52), procesado en el país por tráfico de armas debido a un arsenal encontrado en 2016 y relacionado al asesinato del “capomafioso” Jorge Rafaat. Además, tiene pedido de extradición como sospechoso de ser parte de una red internacional de tráfico de armas desmantelada recientemente.

Esta empresa intentó tercerizar una autorización a Trans Center SRL, cuya cabeza es Blanca Cecilia Alvariza Villaverde (57), para vender al Estado paraguayo pistolas fabricadas por HS Produkt d.o.o. de Croacia, según se lee en las documentaciones del concurso para la compra de 1.000 pistolas para la Policía y publicadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

León Ocampos guardaba prisión domiciliaria mientras esperaba un nuevo juicio, pero hace tres meses fue arrestado porque es requerido por la Justicia argentina. Se lo vincula con un esquema que recibía en Pedro Juan Caballero armas de fuego que eran ensambladas en Argentina para su venta en el mercado negro brasileño.

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La red internacional de tráfico de armas fue desmantelada en junio pasado en una operación simultánea en Argentina, España y Estados Unidos. Actualmente, Carlos León Ocampos está preso en la cárcel de Tacumbú.

La empresa paraguaya del presunto traficante de armas de fuego es la que tiene la venia del fabricante croata para la distribución en Paraguay. Con el documento de tercerización emitido por León Ocampos, Trans Center pidió al Ministerio del Interior G. 6.791 millones para la dotación de 1.000 armas, G. 6.790.950 por cada una. Era la oferta más barata, pero el contrato se adjudicó a DSR SA por G. 7.050 millones (G. 7.050.000 cada pistola), un 3,81% más caro.

Información falsa

No obstante, la descalificación del concurso no fue por la autorización emitida por un presunto traficante de armas, sino en parte porque la pistola no cumplía todas las especificaciones técnicas. Pero el principal cuestionamiento fue que Trans Center proporcionó información falsa sobre el modelo del producto para simular que cumplía con los requisitos del pliego de bases y condiciones (PDB), según denunció ante la DNCP el director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Ministerio del Interior, Enrique Vera.

La Dirección de Sumarios de la DNCP abrió una investigación y, si se comprueba que la empresa actuó de mala fe, puede ser inhabilitada temporalmente para contratar con el Estado, como ya ocurrió en dos oportunidades según el historial de la firma en Contrataciones Públicas.

Tanto el comité de evaluación del Ministerio del Interior como los técnicos de la Dirección de Apoyo Táctico de la FOPE –que en estos casos tienen que emitir un dictamen por tratarse de armas de fuego– coincidieron en que Trans Center ofertó la pistola modelo XDM9201HCE de HS Produkt. Pero cuando se le requirió el catálogo del producto, la empresa remitió uno que correspondía al modelo XDM-9cal.9x19 4,5″, también de HS. A esto se suma que la fotografía del catálogo mostraba una pistola XDM9201HCE pero de la marca Springfield Armory, de EE.UU., y no marca HS de Croacia, según se detalla en el escrito de denuncia del Ministerio del Interior.

La denuncia y las demás protestas en esta licitación para la compra de armas se pueden ver aquí.

De igual forma, la documentación que demuestre que el arma se usó a nivel internacional por lo menos cinco años en instituciones policiales correspondía al modelo XDM-9cal.9x19 4,5″ y no al XDM9201HCE.

“Presumimos que la firma Trans Center SRL pretendió confundir a los evaluadores de esta convocante (Ministerio del Interior) al presentar las documentaciones descritas precedentemente”, indica parte de la denuncia.

Al respecto, Blanca Alvariza Villaverde dijo a ABC Color que la pistola XDM9201HCE y la XDM-9cal.9x19 4,5″ son el mismo producto que tiene dos denominaciones. También garantizó que el mismo modelo de pistola HS es vendido con licencia en Estados Unidos por Springfield Armory, Inc.. Es por ello que enviaron el catálogo con una foto de una pistola comercializada en EE.UU. para una mejor visualización, recalcó.

“Es la misma que la HDM; se puede verificar. (Springfield Armory ) tiene permiso para hacer en Estados Unidos. Es la misma arma”, remarcó la empresaria. Según datos a los que accedimos, la fábrica de armas croata HS Produkt d.o.o. comercializa pistolas en el mercado estadounidense a través de Springfield Armory, Inc.

Especificaciones técnicas

Además de la confusión sobre el modelo ofertado, otro motivo para la descalificación de la oferta más baja fue que ese modelo no contaba con todas las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones, según se desprende de la evaluación de ofertas.

Para el informe de evaluación, resoluciones de adjudicación y contrato, acta de apertura y otros documentos, se puede acceder aquí.

Se exigía una pistola con sistema de seguridad automática, pero el arma ofrecida por Trans Center contaba con un sistema manual, entre otros aspectos técnicos de los seguros, de acuerdo al informe de la FOPE. Alvariza Villaverde lo desmintió y dijo que la pistola que ofertaron se adecua a todas las exigencias del pliego.

La empresaria recalcó que desde el comité se direccionó la licitación y sostuvo que su producto era mejor y más barato que el ofertado por su competencia: DSR SA. Dicha empresa acumula seis contratos con el Estado por G. 13.709 millones y aparecen como representantes legales Sebastián Omar Pekholtz y Darío Javier Karmel. Este último también es socio en Seguridad Inteligencia y Tecnología del Paraguay SA (SIT).

La adjudicación fue el 8 de julio pasado y Trans Center denunció el 17 de julio irregularidades en el proceso de licitación ante la DNCP. La protesta fue desestimada el 30 de ese mes, y al día siguiente, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, firmó contrato con Ricardo Justino Romero, otro socio de DSR, para la adquisición de las 1.000 armas reglamentarias para la Policía Nacional.

El 14 de agosto, Blanca Alvariza Villaverde intentó recurrir nuevamente a Contrataciones Públicas con un pedido de aclaratoria, que fue rechazado in limine, de acuerdo a los datos que se publican en el portal de la DNCP. También ese día, el Ministerio del Interior elevó a la DNCP la denuncia contra la empresa por sospechas de que actuó de mala fe.

Ese mismo 14 de agosto, Blanca Alvariza Villaverde pidió a la Contraloría General de la República (CGR) que auditara el proceso licitatorio por indicios de que fue direccionado. El viernes 20 de septiembre, el contralor general, Camilo Benítez Aldana, le requirió al Ministerio toda la documentación del concurso para la apertura de una investigación al respecto.

Ricardo Justino, de DSR SA, dijo que desconoce la denuncia de su competencia ante la Contraloría, pero negó que la licitación haya sido digitada a favor de ellos. Recalcó que todo el proceso fue transparente y que se puede acceder a los detalles públicamente a través de la web.

En tanto que Darío Karmel, también de esta empresa, igualmente negó un direccionamiento y remarcó que el Ministerio del Interior es puntilloso con los aspectos técnicos y los modelos que pueden ser admitidos por la Policía en lo que respecta a armas de fuego. Si su competencia se eliminó es porque no cumplía las exigencias, estimó.

Empresa sancionada

Trans Center fue sancionada por Contrataciones Públicas por primera vez en diciembre de 2015, porque se comprobó que proporcionó información falsa o actuó con dolo o mala fe en un procedimiento de contratación. Esta inhabilitación fue de cuatro meses y se extendió hasta marzo de 2016.

La segunda ocasión, por el mismo motivo, fue de tres meses. Duró desde mayo de 2018 hasta agosto de ese año, informa la DNCP en su portal web.

Desde febrero de 2010 hasta la fecha, Trans Center cuenta con 68 contratos con instituciones del Estado, que suman G. 58.708 millones, más de US$ 96 millones al cambio actual, también de acuerdo a datos de la DNCP. Fue contratada por los ministerios del Interior, Defensa Nacional, Salud, Justicia y otros entes, como la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Previsión Social, el Banco Central del Paraguay y la Gobernación de Boquerón.

La firma provee armas, municiones, ropas militares y policiales, alimentos para cuarteles y hospitales, balanceados para animales, utensilios y electrodomésticos de cocina, productos de papel y cartón, repuestos y accesorios para aeronaves y helicópteros, suministro internacional de combustible aéreo, herramientas como machetes, etc.