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La defensa planteó la excepción de falta de acción de la querella adhesiva alegando que los concejales denunciantes no ejercen la representación del municipio, por lo cual no pueden querellar. El fiscal Benjamín Vera, en representación del Ministerio Público, dijo que el incidente debe ser rechazado por improcedente, porque ya se pasaron los procesos e instancias para reclamar ese hecho. Asimismo, el Abog. Hugo Vergara, que ejerce la querella, adhirió a lo expuesto por el fiscal Vera, basado en el Art. 79 del Código Procesal Penal y el Art. 20 de la Ley 3.966.
El tribunal, compuesto por los magistrados Hilda Benítez como presidenta y Liliana Ruiz Díaz y Alfredo Benítez Fantilli como miembros, llamó a un cuarto intermedio para resolver sobre el incidente.
Antecedentes
César Balbuena (PLRA) fue intendente entre 2010 y 2015. Según la acusación, el ex jefe comunal y el extesorero de la institución ocasionaron un perjuicio patrimonial superior a G. 303 millones de los recursos del Fondo Nacional para la Inversión y el Desarrollo (Fonacide) a la Municipalidad de Santa Elena.
Estos recursos debían ser destinados a obras en instituciones educativas, pero solo existen en papeles, según informes de fiscalizadores de la Contraloría General de la República (CGR), que mediante verificaciones constataron que la mayoría de las obras eran “fantasma” y solo figuraban en los papeles. La fiscala que llevará adelante el proceso es Karina Caballero, en representación del Ministerio Público.
Balbuena fue imputado en marzo de 2015 y estuvo con prisión preventiva por unos 10 días y luego fue beneficiado con medidas alternativas. En el informe pericial del laboratorio forense del Ministerio Público, elaborado por el licenciado Javier Rojas, se determinó con certeza, conforme a la documentación analizada, que los acusados incurrieron en el delito de lesión de confianza.
La fiscala Sunilda González de Martínez, quien llevaba la investigación, en su escrito calificó la conducta del exintendente de antijurídica, reprochable y punible. Agregó que el acusado traicionó la confianza depositada por la ciudadanía que lo eligió para velar por sus intereses y beneficiar a la comunidad.