El operativo comando criminal cerró por el momento con el saldo de un fallecido y la renuncia del ministro del Justicia, Julio Javier Ríos, así como el cambio del Comandante de la Policía, Walter Vázquez, lo cual ya fue confirmado por el presidente Mario Abdo Benítez.

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En torno a este caso, son pocas las cosas claras. Entre ellas, que los delincuentes estaban fuertemente armados y llevaban identificaciones -presumiblemente falsas- de la Senad. Se estima que eran cerca de una docena los atacantes y que manejaban detalladamente el itinerario y el horario de la caravana de traslado de internos.

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También- según consta en imágenes de circuito cerrado- tras el ataque, a apenas una cuadra y media del lugar del tiroteo, abandonaron los vehículos usados para la emboscada, los quemaron y huyeron en cuatro vehículos distintos.

Las dudas recaen sobre las autoridades

La mira actualmente está sobre los responsables del operativo de traslado, tanto los operadores del sistema penitenciario como en la Fiscalía. En la cartera de Justicia como en el Ministerio Público se ordenaron auditorías a la gestión de los funcionarios involucrados en el traslado que le costó la vida a un uniformado y dejó libre a un delincuente con sendos y peligrosos antecedentes.

La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez reconfirmó que la fiscala Zully Figueredo debe presentarse mañana ante la inspectoría del Ministerio Público para rendir cuentas sobre el porqué avisó solo 20 minutos de la audiencia de “Samura” que solicitaba la suspensión del trámite.

La misma argumentó que tuvo un procedimiento la noche anterior y que debía tomar declaraciones indagatorias, sin embargo no se realizó la comunicación a tiempo para evitar el traslado del interno desde el expenal de Emboscada hasta el Palacio de Justicia en la Capital, lo que finalmente posibilitó que fuera rescatado por el grupo comando.

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Quiñonez, en comunicación con ABC Cardinal no quiso ahondar en posibles determinaciones que vaya a asumir en el caso de que se compruebe alguna responsabilidad o negligencia por parte de Figueredo, puesto que eventualmente le tocará juzgar el caso. Se limitó a decir que puede ser desde una suspensión hasta remitir los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM).

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Otro punto cuestionado es que las autoridades penitenciarias no comunicaron como corresponde a la Policía la peligrosidad del delincuente que iba a ser movilizado. Esto lo denunció el propio ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.

Desde el Ministerio de Justicia intentaron desestimar esta versión, presentando la nota solicitando cobertura policial para el traslado de Samura, sin embargo, otro documentos del mismo penal demuestra que en otro caso de un miembro del Primero Comando Capital si definieron que se trataba de un delincuente de alta peligrosidad.

La viceministra de Política Criminal - a falta de anuncio de cambio con la salida de Ríos-, Alejandra Peralta, informó la apertura de un sumario también a los agentes penitenciarios involucrados en el proceso de traslado.

Las principales dudas también se ciernen sobre los custodios que integraban el móvil de traslado, sobre todo uno, cuyo teléfono fue incautado como parte de la investigación ante las sospechas de que podría haber estado informando del itinerario de la caravana que fue atacada.

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El mismo, tras el ataque, habría intentado ocultar su aparato celular, que sin embargo fue recuperado.

Los virtuales reemplazantes

Altas fuentes del gobierno confirmaron a ABC que es cuestión de trámite de confirmación la designación en el cargo de Comandante de la Policía al Crio. General Francisco Resquín Chamorro, quien se desempeñaba como director general de Investigación Criminal.

Para el Ministerio de Justicia el reemplazante sería Eber Ovelar, hermano del senador Silvio “Beto” Ovelar. El virtual nuevo ministro anteriormente fue fiscal y también diputado hasta el anterior periodo legislativo.