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Camilo Benítez, contralor General de la República, solicitó vía nota dirigida a Luis Alberto Lima Morra, ministro del Conacyt, un informe completo sobre las investigaciones presentadas desde el 2017 hasta la fecha, que fueron aprobadas y recibieron financiación de la institución.
En otros puntos, la Contraloría pide que se informe sobre el listado de investigaciones aprobadas y los plazos de ejecución desde el 2013 hasta junio de 2019 así también la nómina de investigadores involucrados en dichos proyectos, sus currículums y su años de experiencia. Además, piden los dictámenes de las comisiones que aprobaron los trabajos en curso y el monto que desembolsado para cada investigación.
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Otro de los registros que solicitan es una planilla Excel de los eventos o reuniones solventadas con recursos provenientes del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), con la justificación de la necesidad del gasto, el monto desembolsado, el beneficiario y el responsable de la autorización de esa transferencia además de su respectiva rendición de cuentas.
En la solicitud, fechada el 3 de septiembre de 2019, consta que el Conacyt tiene 5 días hábiles para remitir dicho informe a la Contraloría, que adicionalmente exige que se adjunten a los reportes las copias de los extractos bancarios, órdenes de pago, informes de las cuentas bancarias administrativas, registros de transferencias y otros documentos con los que se hayan registrado las transacciones.
Igualmente, requieren un reporte sobre la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos desde el año 2013 hasta el 30 de junio del corriente.
La Contraloría pide este informe al Conacyt a raíz de diversas denuncias, que se hicieron públicas mediante la prensa, sobre el manejo de la institución. Entre las acusaciones que recibe la administración del Conacyt están: la percepción de conflictos de interés de varios proyectos adjudicados; intento de malversación de fondos por parte de una asociación adjudicada con varios proyectos; demora inexplicable para someter al Programa Prociencia a la evaluación solicitada por el Fondo de Excelencia; desinformación al pleno del Consejo sobre los requerimientos solicitados por el Poder Legislativo y la equivocación en el pago de incentivos a investigadores”, dice parte del documento.
El caso que tomó notoriedad en los últimos días fue el pago "por error” a unos 22 investigadores. Estos recibieron pagos irregulares durante los siete últimos meses de 2018, alcanzando la suma de G. 50 millones para cada uno (G. 1.100 millones, en total). Llamativamente, ninguno se percató de ello pese a que el contrato por pago de incentivos a investigaciones culminó en mayo del 2018.
