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Volpe reprochó que en las proyecciones de la cartera fiscal se asignen G. 76 de cada G. 100 recibido a pago de salarios. “Es un porcentaje muy elevado, teniendo en cuenta las enormes necesidades que hay en otros sectores”, subrayó.
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Lamentó que Hacienda solo pueda maniobrar con el 24% del presupuesto, un porcentaje muy bajo en comparación a las necesidades reales del país. “Esto siempre se convierte en un tema clientelista, los nuevos cargos, los aumentos salariales, teniendo en cuenta la situación que tiene nuestro país”, comentó.
Expresó que los empresarios del sector esperaban recortes en estos aspectos del presupuesto. “Nos hubiese gustado que entre la tijera a recortar todos esos empleos públicos que hay, que no se necesitan”, aseveró.
Igualmente, resaltó que es una gran preocupación del gremio industrial “los manoseos“ que puede sufrir el presupuesto en el Congreso. Resaltó que no es un hecho positivo que personas que no forman parte de la estructura real (los sectores económico y empresarial) sean quienes analicen y decidan las modificaciones del planteamiento del Ministerio de Hacienda. “Por cuestiones políticas le meten la mano y hacen que el presupuesto ingrese en un terreno peligroso”, aseveró.
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Normalmente ellos (los parlamentarios) meten la mano en gastos corrientes y eso es absolutamente pernicioso”, alegó, e insistió en que “lo ideal sería reducir la cantidad de gastos fijos que tiene el presupuesto”.
Finalmente destacó como único punto positivo que en el presupuesto no se tocó el tope de déficit, gracias a la Ley de Responsabilidad Fiscal. No obstante, volvió a cuestionar que el resto de los puntos están en “veremos”, dependiendo de lo que pase en el Parlamento.
El ministro de Hacienda, Benigno López, en representación del Poder Ejecutivo, remitió el pasado viernes el Presupuesto General de la Nación para el 2020 por G. 85,5 billones (US$ 13.025 millones al cambio actual) ante el Congreso Nacional.
Según este proyecto que el Ejecutivo puso a consideración, el próximo año se destinará 76% de la recaudación tributaria a financiar el gasto salarial de la administración pública, hecho que generó numerosos críticas desde el sector privado, que reclama una reforma para que el Estado pueda tener un mayor margen de maniobra para atender las necesidades prioritarias en materias de salud, educación, seguridad e infraestructura.