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El concejal departamental Benjamín Adaro Monzón aseguró ser el objetivo de los sicarios, quienes irrumpieron en la sala de sesión de la Junta Departamental, y no el autor intelectual del ataque como investigan las autoridades. Sindicó a un tal Carlos Delvalle, alias Carlos Gordo, como el que coordinó el ataque que dejó dos vehículos acribillados.
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El polémico político yuteño, cuyo hombre de confianza Hugo Arsenio Villar Sotelo se encuentra procesado y con prisión domiciliaria, realizó su descargo mediante una nota entregada a la plenaria de la Junta Departamental. Llamativamente el edil desde que ocurrieron los hechos no apareció más por el local de la Junta Departamental. En dicha nota indica que él era el objetivo de los sicarios y que se salvó solo porque no llegó a tiempo.
El pasado 8 de agosto tres hombres a cara descubierta irrumpieron en la sala de sesión de la Junta Departamental y mantuvieron como rehenes a los concejales y funcionarios presentes. Luego en su huida rociaron con balas las camionetas de los ediles Emilio Tillería y Hernán Vergara (Alianza Ganar).
Los sicarios dejaron un teléfono celular que finalmente sirvió para detener al hombre de confianza de Benjamín Adaro Monzón. Según los datos proporcionados a la plenaria, el ataque fue dirigido o coordinado por un tal Carlos Delvalle que tendría su domicilio en la zona de Cruce Naranjito, departamento de Itapúa.
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El fiscal César Martínez aseguró que Adaro Monzón ya hizo su descargo ante el Ministerio Público y que ya cuenta con los datos proporcionados por el referido concejal.
Por otro lado, el fiscal Martínez participó de un procedimiento de anticipo jurisdiccional de pruebas dirigido por el juez de garantías Claudio Villalba. Se trata de las pruebas balísticas realizadas por expertos del Ministerio Público y del Poder Judicial, después los dos vehículos rociados por las balas fueron entregados a sus propietarios.
El único imputado en dicho proceso es Hugo Arsenio Villar Sotelo, quien había sido remitido a la cárcel de Encarnación por el juez Claudio Villalba. Posteriormente, la Cámara de Apelaciones revocó la resolución judicial y ordenó su prisión domiciliaria.