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Los magistrados Gustavo Ocampos, Bibiana Benítez y Gustavo Santander resolvieron rechazar el pedido de la defensa técnica y mantener la prisión preventiva para el procesado, con el argumento de que no existen nuevos elementos de convicción que hagan variar la situación procesal del jefe policial.
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El comisario general Cristino Aranda está imputado por extorsión agravada, asociación criminal y omisión de dar aviso de un hecho punible, previsto en la ley antidrogas.
También están procesados el comisario principal Darío Figueredo Montiel, jefe de la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray, y el oficial primero Aldo Miguel Rodríguez Ruiz, exjefe del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) de San Pedro.
En la resolución alegan que aún existen altas probabilidades de que el procesado destruya, modifique u oculte elementos de pruebas o llegue incluso a influir en los coprocesados o en los testigos a fin de que informen falsamente sobre los hechos, por el grado de dependencia jerárquico que ostenta el procesado con respecto a los demás encausados, por lo que el peligro de obstrucción sigue latente.
Los uniformados cayeron en el marco del “Operativo Espada”. De acuerdo a la hipótesis principal, Aranda ideó y ejecutó un operativo de extorsión a una red de narcos que fue frustrado el 17 de mayo último, cuando una comitiva fiscal y de la Senad irrumpió en un establecimiento de Hugua Guasu, General Aquino, donde fueron sorprendidos seis policías negociando con seis narcos el pago de US$ 100.000 para liberar una avioneta cargada con 302 kilos de cocaína.