En comunicación con ABC Cardinal, Édgar Meza justificó el arresto ayer de Cándido Brizuela y Fabián Chiavo, como medida de prevención para evitar que agredan físicamente al arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela. Justificó el procedimiento argumentando que, según las declaraciones del personal a su cargo, los manifestantes interceptaron y escupieron o al menos intentaron escupir al “representante de Dios”, agresión que los videos de seguridad de la zona desmintieron, según pudo constatar más tarde la Fiscalía.

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El jefe policial reconoció que no existió flagrancia de hechos punibles, pero igualmente decidió aprehenderlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público, a fin de que un fiscal sea el que decida si serían procesados penalmente, o bien, puestos en libertad. Sin embargo, la Constitución establece que la detención o el arresto de un ciudadano solo es posible mediante orden de autoridad competente (juez o fiscal) y que la única excepción es en "caso de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal”, indica el artículo 12 de la Carta Magna, que no ocurrió en este caso.

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Y si bien Meza fue el que ordenó la aprehensión de los manifestantes, su subalterno, el jefe de la Comisaría 3ª de Asunción, Carlos Miguel López Russo, firmó el acta de procedimiento del arresto que se elevó a la Fiscalía. El informe policial indicaba que los manifestantes “intentaron agredir” físicamente al obispo Valenzuela, por lo que el fiscal interviniente, Eugenio Ocampos, inicialmente dispuso que los sospechosos continúen detenidos por el supuesto delito de perturbación de la paz pública.

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Sin embargo, tras analizar las imágenes de seguridad de la zona, el Ministerio Público comprobó que no existió ningún tipo de intento de agresión, por lo que no se configura el hecho punible y dispuso la libertad de Cándido y Fabián en horas de la tarde del jueves. Se presume que agentes y hasta jefes policiales mintieron para inculpar a los manifestantes.