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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, declara ante los fiscales en el marco de la causa abierta por la firma del acta bilateral de Itaipú. En el marco de la investigación realizada por el Ministerio Público ya fueron convocados a declarar en carácter de testigos Pedro Ferreira, extitular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE); José Rodríguez, quien se presentaba como asesor jurídico de la Vicepresidencia, y Benigno López, ministro de Hacienda.
A su ingreso a la residencia presidencial, el fiscal Pecci comentó que no tienen un cuestionario con preguntas para el Mandatario, ya que la declaración es en carácter de testigo. Las entrevistas realizadas a las diferentes autoridades tienen como objetivo obtener información, informó.
“En esta etapa, el Ministerio Público no tiene ningún tipo de formalidad como sí tiene el juicio oral, donde sí se obtienen pruebas”, sostuvo a su vez la fiscala Liliana Alcaraz.
Según anunciaron, rige una excepción a la hora de comparecer a testificar, debido a la investidura de las altas autoridades, y en las próximas horas informarán sobre la fecha y hora en que el Vicepresidente deberá dar su declaración.
La agente fiscal Liliana Alcaraz había informado a los medios de prensa que las declaraciones recabadas se contradicen, específicamente en los hechos que aludían a la participación de “Joselo” Rodríguez en las negociaciones del acta entreguista.
El Ministerio Público lleva a cabo las diligencias para determinar el grado de responsabilidad de los titulares del Poder Ejecutivo en la firma del acta del 24 de mayo entre Paraguay y Brasil, por la compra de potencia de Itaipú. Se espera que Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, también sea convocado a declarar, así como lo anunciaron los fiscales.
La polémica en torno al acta bilateral firmada con Brasil el 24 de mayo, que salió a la luz tras la renuncia del entonces titular de la ANDE, Pedro Ferreira, desató una crisis política que puso en riesgo el gobierno de Abdo Benítez.
Diputados de las bancadas opositoras solicitaron juicio político para las autoridades vinculadas a la firma del acta. Este pedido aún no fue tratado en el pleno de la Cámara debido a que los integrantes de Honor Colorado indicaron que esperarán los dictámenes de la Comisión Bicameral, que analiza el tema para decidir si acompañan o no el enjuiciamiento.