Cargando...
El anuncio oficial lo dio el líder de bancada en Diputados, Basilio “Bachi” Núñez”, y con ellos se tendría los 53 votos necesarios para aprobar el libelo acusatorio en Diputados. En Senado los números están de sobra.
“Es una decisión ya tomada”, dijo el senador de Honor Colorado Sergio Godoy, reconfirmando a ABC TV la decisión del movimiento HC. Explicó que los argumentos legales son por “mal desempeño en sus funciones” y “traición a la patria”.
“El tema de traición a la patria es lo más grave que puede cometer una autoridad contra el Estado mismo; es un hecho por demás deleznable que afecta al propio Estado. Para qué conformar un Estado, para qué tener una orientación común, para qué tener un territorio común si va a haber autoridades que van a entregar el Estado a otro país", cuestionó Godoy.
Lea más: Partidos de la oposición promueven juicio político contra Abdo y Velázquez
La iniciativa se echó a andar esta tarde, primero mediante la decisión de partidos de la oposición liderados por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), a los que luego se sumó el Frente Guasu. En la Cámara de Diputados se requieren 53 votos para aprobar el libelo acusatorio y designar a los fiscales acusadores de entre los miembros de dicha cámara.
Lea también: Abdo se enreda en un laberinto brasileño a un año en el poder
Una vez aprobada, la acusación se remite al Senado, que se constituye en Tribunal. El Ejecutivo debe designar a su defensa y ejercerla ante el pleno, y posteriormente se lleva a votación, requiriéndose 30 votos para la aprobación.
En este caso, a diferencia del 2012 –cuando fue echado Fernando Lugo–, el Ejecutivo quedaría acéfalo con la salida de Abdo y Velázquez, por lo que tendría que asumir el actual presidente del Congreso, el senador Blas Llano.
No obstante, estará provisoriamente en el cargo, ya que, al ser muy prematuro el gobierno de Abdo Benítez, se deben convocar a nuevas elecciones generales para sustituirlo. El caso de Luis Ángel González Macchi, sin embargo, dejó una jurisprudencia distinta, ya que él completó un mandato presidencial con la connivencia de la Corte Suprema de Justicia.
El detonante de esta decisión política es el escándalo por la firma del acta bilateral con el Brasil por la cual se restringe a la ANDE el uso de la energía que corresponde a nuestro país.