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Quienes conocen a Hugo Adalberto Velázquez Moreno desde sus años mozos, recuerdan su origen modesto. Llegado de Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro, tuvo que vivir durante varios años en una pequeña pieza en la casa de una tía en Lambaré para poder completar sus estudios secundarios y la universidad.
De esos orígenes modestos solo queda el recuerdo, pues el actual número dos del Ejecutivo, responsable de la mayor crisis política que afronta el gobierno de Mario Abdo Benítez, hoy es todo un potetando. En 2016, casi una decena de propiedades figuraban a su nombre, además de costosos caballos de carrera pura raza y había conseguido hasta puestos en la función pública para toda su familia.
De dirigente de base a cuestionado fiscal
La carrera política de Velázquez inició durante los últimos años de la dictadura stronista. Se afilió al Partido Colorado en 1986. Llegó a ser presidente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Allí construyó su base política, base que sigue hasta hoy, puesto que varios dirigentes estudiantiles que disputan cargos en los estamentos de la casa de estudios responden al vicepresidente.
Luego llegó a ser presidente de una seccional en Lambaré. De allí saltó a ser fiscal y tuvo una meteórica carrera dentro del Ministerio Público. En los últimos años de la década de los '90, Hugo Velázquez fue uno de los fiscales involucrados en la investigación del “megaasalto” en el aeropuerto Silvio Pettirossi, donde se robaron US$ 11 millones, si bien en aquel momento jugó un papel muy poco preponderante.
Su nombre saltó al tapete durante los primeros años de la década del 2000. Velázquez era fiscal de la ciudad de Luque durante el cautiverio de María Edith Bordón de Debernardi, el primero de los plagios perpetrados por la banda criminal autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en aquellos días todavía funcionando bajo el nombre de Partido Patria Libre.
En 2002, los hoy prófugos Juan Arrom y Anuncio Martí, entonces dirigentes del Partido Patria Libre, presentaron una demanda contra él, indicándolo como uno de los implicados en su secuestro y tortura. Esa denuncia fue la que estuvo a punto de costarle millones de dólares al Estado paraguayo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque el ente supranacional terminó fallando a favor de nuestro país.
Fue nombrado fiscal adjunto y lo asignaron a Ciudad del Este. En el tiempo en que permaneció en la capital de Alto Paraná, numerosas denuncias se registraron en su contra.
Velázquez recibía, supuestamente, coimas a través de un estudio jurídico. Acusaciones que el entonces representante del Ministerio Público negaba. El abogado Fernando Sosa Barreto llegó a denunciar ante la Cámara de Diputados la vigencia de la mafia de las marcas que opera con respaldo de abogados y fiscales. El letrado aseguraba que el fiscal general adjunto Hugo Velázquez era uno de los cabecillas.
En aquellos días, Velázquez se jactaba de su amistad con el entonces presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. Es más, aseguraba que era el responsable de que Óscar Latorre se mantuviera al frente del Ministerio Público. Junto a otros nombres del entorno del entonces fiscal general se vio salpicado por sospechas de corrupción.
Otras denuncias señalaban que Velázquez lideraba una rosca que se beneficiaba con contrataciones millonarias por servicios jurídicos realizados por la Itaipú. Todo ello pese a que la binacional contaba con todo un equipo de abogados a su disposición. El fiscal Héctor Velázquez, encargado de investigar al actual legislador y a otros más, omitió realizar una veintena de diligencias, para archivar la denuncia por cohecho y prevaricato presentadas contra el colorado.
A la cámara de Diputados
Renunció a la fiscalía en el 2007 y se candidató a la Cámara de Diputados por el nicanorismo.
Cuando Horacio Cartes cayó al campo político allá por el ya lejano 2011, Velázquez no tuvo problema alguno en dejar el nicanorismo para convertirse en uno de los más férreos fanáticos del neófito político.
Repitió como diputado en 2013 de la mano de Honor Colorado. Velázquez asumió en 2014 como titular de Diputados y hasta consiguió la modificación del reglamento de la Cámara Baja, con lo que consiguió vía libre para quedarse en ese cargo hasta la finalización del período pasado.
Se quedó en filas cartistas hasta marzo de 2017, cuando jugó un papel clave para frenar la enmienda impulsada por Cartes, Fernando Lugo y Blas Llano. Se terminó de separar del empresario tabacalero cuando éste lo dejó de lado en la conformación de la chapa presidencial de su movimiento, optando por Santiago Peña y Luis Gneitting.
Allí terminó recayendo en filas de Colorado Añetete, apoyando la candidatura de Mario Abdo a cambio de convertirse en su dupla.
Los caballos de raza
Para 2016, con 20 años en la función pública, Velázquez se había convertido ya en todo un potentado,dueño de numerosas propiedades y hasta de un stud de caballos de raza ubicado en las inmediaciones del Jockey Club de Asunción.
Velázquez figura como propietario de “El Legendario”, un negocio dedicado a la compra, venta y cuidado de caballos, además de importación y exportación. La firma cuenta con un local que podría ser hasta motivo de envidia para otros studs en las inmediaciones del Hipódromo de Asunción.
Altas murallas externas bien pintadas y cuidadas, patio amplio con frondosos árboles, caballerizas con aire acondicionado y hasta balones de oxígeno: esas son apenas algunas de las características del predio ubicado sobre la calle Urundey, a escasas dos cuadras del Hipódromo de Asunción.
Según documentos a los que tuvo acceso ABC Color, es una sociedad con capital de G. 1.500.000.000 en la que figuran además Lino César Oviedo Marín (hijo de Lino César Oviedo, ya fallecido) y Víctor Galeano Perrone, conocido como “monje negro” por su cercanía y afinidad con el presidente Horacio Cartes. Este último es asesor en las sombras que se jacta de la amistad con el mandatario y de la influencia que ejerce sobre él.
Velázquez había comenzado a acercarse al mundo de las carreras de caballos de mano del cuestionado empresario del transporte Juan Carlos Aveiro. Poco tiempo después comenzaría a comenzar sus primeros caballos, varios de ellos adquiridos del mismo Aveiro, quien había sido denunciado por contrabando de equinos.
Para 2016, el stud de Velázquez poseía al menos una docena de caballos. De acuerdo a algunas fuentes, los animales figuran con precios declarados que oscilan entre los US$ 4.000 y los U$ 23.000, aunque el costo real para adquirir uno de estos animales podría llegar incluso a los US$ 150.000.
Varios de estos animales, como Mbareté, Presumido, Honor Military, Fanfarrón o Krupier Secreto, suelen ser protagonistas de varias de las carreras más importantes que se disputan en el Jockey Club de Asunción.
El amor por los caballos del diputado cartista y su familia se ponía de manifiesto cuando su esposa, la fiscala adjunta Lourdes Samaniego, publicaba fotos de sus hijos dando de comer a los caballos del stud y hasta imágenes de cuando viajaron a Buenos Aires para participar de algunas de las carreras más importantes y exclusivas. Fuentes aseguran que Velázquez estaría aspirando a la presidencia del Jockey Club, motivo por el cual habría conseguido masivas inscripciones de cara a las elecciones.
Las numerosas propiedades
Hasta 2016, Velázquez figuraba vinculado a al menos media decena de lotes inmuebles distribuidos entre Asunción y ciudades aledañas.
Amplio jardín frontal, con varias palmeras y árboles en flor; puerta de fina madera y terminaciones en piedra. Estas son apenas algunas de las características de la coqueta casa ubicada en la intersección de las calles Campo Vía y Capitán Aparicio Figari, en la zona límite entre Asunción y Lambaré.
De acuerdo a documentos a los que tuvo acceso ABC Color, esa residencia fue construida sobre dos lotes que figuran a nombre de Hugo Adalberto Velázquez Moreno. Esta casa cuenta hasta con caseta de guardia de seguridad.
No muy lejos, sobre la Avda. San Ignacio de Lambaré, se encuentra otra de las propiedades que figuran a nombre del titular de la Cámara Baja. La casa se encuentra a tres cuadras de la intersección de San Ignacio con Cacique Lambaré, cercana a un parque, y posee una superficie de poco más de 700 metros cuadrados. La edificación presenta aspecto descuidado.
Finalmente, aparece otra propiedad ubicada sobre la calle Herrera, entre República Francesa y Mayor Fleitas, zona del centro de Asunción. Esta propiedad ocupa una superficie total de más de 200 metros cuadrados.
Además, Velázquez llegó a ser dueño de una propiedad de grandes extensiones en Luque, en las inmediaciones de la nueva ruta que une esta ciudad con San Bernardino. La propiedad, con un valor fiscal de más de G. 1.700 millones, habría sido transferida tras una venta.
A todo ello hay que sumar que la pareja del diputado, la fiscala adjunta Lourdes Samaniego, figura como propietaria de un bonito dúplex en la zona del barrio Carmelitas.
La familia, bien ubicada
Alrededor de una docena de miembros del entorno familiar de Hugo Velázquez ingresaron a la función pública o recibieron aumentos durante el período en el que estuvo al frente de la Cámara de Diputados.
La lista de familiares del diputado oficialista se inicia con su hermana, Carmen Velázquez de Martínez, quien figura como funcionaria de la ANDE desde 1987. De acuerdo a la nómina de la institución se desempeña como Relacionista Pública y es jefa de oficina, con una remuneración total de G. 14.094.615 mensual.
De acuerdo a versiones a las que tuvo acceso ABC Color, Carmen Velázquez fue nombrada jefa durante la administración del colorado Carlos Heisele en la institución y siguió con los beneficios tras el nombramiento de Víctor Romero como titular del ente, pues el mismo ya era hombre de confianza del anterior presidente de la ANDE.
Hace algunas semanas, saltó un escándalo debido al jugoso viático que había solicitado a la ANDE.
Otra hermana del otrora cartista, Martha Lorena Velázquez Moreno, figura como funcionaria del Ministerio Público donde ocupa el cargo de asistente fiscal desde 2010 y percibe mensualmente G. 6.277.900.
La exesposa del vicepresidente, Sonia Elena Escauriza, es funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura con una antigüedad de 26 años de acuerdo a la nómina de funcionarios que publica la institución. Bajo la administración colorada actual llegó a ocupar el cargo de Directora Jurídica dentro de la cartera estatal y percibe mensualmente una remuneración total de G. 16.595.199.
El trabajo de Escauriza fue bastante cuestionado durante el acompañamiento que debería haber realizado el MEC a una niña de 5 años que habría sido abusada por una profesora.
Dos de los hijos del político colorado figuran bien ubicados dentro de las binacionales. El primero es Dionicio Adalberto Velázquez Giménez, quien figura como funcionario de Itaipú desde 2008 pero que coincidentemente con la llegada de su padre al cargo de diputado y de presidente de la Cámara Baja del Legislativo en 2013 pasó a ser jefe de departamento. Actualmente percibe G. 36.480.164 en concepto de remuneración.
Su otra hija, Sonya Rebeca Velázquez Escauriza, ingresó también en 2008 a la Entidad Binacional Yacyretá. Figura como funcionaria de la Asesoría Jurídica en Asunción y percibe una remuneración de G. 18.108.485 mensuales.
Después llegan los hijos de la actual pareja del vicepresidente Velázquez, la fiscal adjunta Lourdes Samaniego.
El primero de ellos es Jorge Luis Samaniego Cino, quien figura como coordinador y supervisor de coordinadores departamentales en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Experimentando un meteórico ascenso en la institución, a pesar de su falta de experiencia, percibe mensualmente G. 12.714.250.
Le sigue Herit Renato Samaniego Cino, quien figura como funcionario del Fondo Ganadero. Si bien figura con antigüedad de 2009, fuentes de la institución relataron a ABC Color que no fue sino hasta la administración del colorado Martín Maciel Barreto –que coincidió con la llegada de Velázquez a la titularidad de la Cámara Baja– que experimentó un rápido ascenso, pasando a ser Jefe de Escrituras Públicas y Contratos con un sueldo de G. 7.784.100.
El tercero de los hermanos es Aldo Fabrizio Samaniego Cino, quien ingresó en 2014 –ya con Velázquez como presidente de Diputados– al Banco Nacional de Fomento y en menos de un año consiguió ser nombrado como funcionario permanente. Actualmente es jefe de División en la entidad y cobra G. 9.400.000 mensuales.
A ellos se les debe sumar la esposa de Jorge Luis, Carmen Yuki Takamura Hashimoto, quien ingresó a la Cámara de Diputados tras la llegada de Velázquez, figura en Auditoría Interna, donde es jefa y cobra G. 12.000.000 con menos de tres años de antigüedad.
En la Cámara de Diputados figuran además dos sobrinos del político colorado.
El primero de ellos es Héctor Iván Velázquez Domínguez, quien figura como asesor de la Unidad Operativa de Contrataciones y percibe G. 13.300.000.
El otro es Rolando Martínez Velázquez, quien ingresó en 2012 y actualmente figura como director general con remuneración de G. 27.084.600
Sus cuestionados amigos
“Sí, es amigo mío. Un árabe que vive en Ciudad del Este”. En noviembre de 2016, el entonces diputado Velázquez no tuvo demasiado problemas para dar esta respuesta a la pregunta de si conocía a Walid Amine Sweid, un empresario de origen árabe con base de operaciones en Ciudad del Este. Fue durante una visita a los estudios de ABC Cardinal.
El titular de la Cámara Baja del Poder Legislativo había aparecido en una fotografía junto a Sweid mientras ambos tomaban sol sentados en un yate durante un viaje oficial al Líbano, donde habían sido invitados por el embajador paraguayo en ese país, Hassan Khalil Dia.
Dia, ciudadano paraguayo-libanés, es miembro de una familia altamente influyente en la zona de la Triple Frontera. El embajador es propietario, junto a su hermano Hussein y a otro miembro de su familia, Mahmoud, de las firmas Colisee S.R.L. y Dia Imports Exports S.R.L. Mahmoud figuraba en la lista de casi 300 personas investigadas en el caso de megaevasión detectado meses atrás en Ciudad del Este.
Tanto Hassan Khalil Dia, el embajador paraguayo en Líbano, como Walid Amine Sweid son mencionados en un informe que fue presentado ante el Congreso de los Estados Unidos. De acuerdo a ese documento, al que tuvo acceso ABC Color, Sweid sería un supuesto financista del Hezbolá, un grupo considerado como terrorista por el gobierno del país norteamericano.
En esa misma fotografía aparecían también el exfiscal de marcas Juan Carlos Duarte, mano derecha de Velázquez mientras éste último era fiscal adjunto, Juan Carlos Sosa Barreto y Ricardo Galeno Fariña. Pero vayamos por partes.
Unos días después de que Velázquez reconociera su amistad con Sweid, éste volvía a estar en el centro de la noticia, pero esta vez como uno de los propietarios de Global Logistics Solutions SA, la empresa que sería cabecera de un enorme esquema de lavado de dinero que operaba desde Ciudad del Este y que habría blanqueado unos 1.200 millones de dólares.
Información comercial a la que tuvo acceso ABC Color da cuenta de que Global Logistics Solutions SA fue inscrita el 18 de julio 2011 ante la escribanía de María Isabel Maggi Aquino, con un capital social de G. 500 millones. La duración de la sociedad era de 99 años.
En la inscripción no figuraba siquiera una dirección de la casa matriz de la firma, y en ese espacio simplemente se limitaron a poner Departamento Alto Paraná, Localidad Ciudad del Este.
Como accionistas figuran Abel Omar Guerín Velazco y Aracely María Celeste González. Mientras que Walid Amine Sweid aparece como presidente y vicepresidenta, Pei Ti Wu, esposa del empresario de origen árabe.
Otro nombre que aparece vinculado a la firma investigada por lavado es el del aduanero Ricardo Galeano Fariña, quien ya había sido denunciado por contrabando en numerosas ocasiones, y quien es representado por Juan Carlos Duarte.
Duarte era la mano derecha de Velázquez durante los años en los que este último era fiscal adjunto de Ciudad del Este y, como ya señaláramos líneas arriba, también aparecía en la fotografía del viaje al Líbano junto a Sweid y al titular de la Cámara Baja.
Otro nombre que aparece vinculado a Global Logistics es el de Wildo Ramón Almirón Rojas, apoderado de la ANR.
Almirón figura como síndico de la firma, de acuerdo a una actualización de la sociedad en 2014, y es otro hombre muy cercano a Velázquez. “Mi socio desde la época del Liceo Militar”, había dicho el legislador colorado en 2004 cuando le preguntaron sobre su relación con aquel.
Una denuncia presentada en aquella época ante la Cámara de Diputados daba cuenta que Velázquez supuestamente utilizaba la oficina de Almirón para negociar con falsificadores de cigarrillos.
El “asesor” que quiso negar
El último de los casos que salpicó a Velázquez todavía sigue trayendo cola. El vicepresidente de la República intentó con insistencia distanciarse del abogado José Rodríguez González (“Joselo”, 27), quien intervino para modificar el acta entreguista que Paraguay firmó con Brasil. Sin embargo, el joven ratificó en numerosas ocasiones que trabaja con el segundo del Ejecutivo y que solo faltaba la resolución de su nombramiento.
ABC Color accedió a mensajes enviados por Rodríguez González a autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Diciendo hablar en nombre de Velázquez, el joven abogado operó a favor de la eliminación del punto que habría permitido a Paraguay vender energía eléctrica al mercado privado del Brasil.
Rodríguez González cumplía la función de intermediario en Paraguay del Grupo Léros de Brasil, firma del rubro energético que pretendía comprar el excedente de energía paraguaya en la Itaipú Binacional. Los representantes de la empresa decían tener vínculos con la familia presidencial del vecino país.
Una vez que saltó el escándalo, el vicepresidente intentó distanciarse de Rodríguez González, aunque el mismo formó parte de su equipo político y de forma insistente dijo a nuestro diario que trabajaba con el segundo del Ejecutivo.
Durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, Velázquez inicialmente negó una y otra vez que Rodríguez González fuera funcionario de la Vicepresidencia. Sin embargo, no explicó por qué el joven abogado afirmó con insistencia que solo faltaba la resolución de su nombramiento como funcionario ad honorem.
Y a pesar de que el joven haya utilizado su nombre, supuestamente sin su autorización, el vicepresidente dice que no accionará contra el abogado porque es un joven que se equivocó y que “basta con que cuente la verdad”.
Finalmente, luego de prácticamente negar a José Rodríguez González durante todo el día, el vicepresidente reconoció su cercanía con el mismo. Ante la consulta del diputado Sebastián Villarejo de cuándo fue la última vez que se reunió con el abogado, el segundo del Ejecutivo respondió: “El domingo para ver un partido de fútbol”.