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El Ejecutivo rechazó totalmente el proyecto de Ley que establecía redestinar anualmente como mínimo unos US$ 150.000.000 de los gastos de responsabilidad social y ambiental de las entidades binacionales a la Administración Nacional de Energía (ANDE) y de esa manera subsidiar la tarifa de energía para los usuarios finales.
El argumento principal del Ejecutivo es que la Ley podría atacarse de inconstitucional, puesto según sus consideraciones, las atribuciones de gastos sociales están establecidos en los propios tratados internacionales, y por ello no pueden ser redestinados a otros menesteres que no están contemplados en dichas normativas.
“Los recursos de las entidades binacionales deben ser transferidos a los Estados partes en la forma prevista en los tratados internacionales, sin que la ley ordinaria pueda determinar montos adicionales no previstos en los tratados y sus anexos, cualquiera sea su cuantía”, indica el texto.
El documento del veto agrega además que la implementación efectiva implicaría un gasto millonario para la ANDE, en concepto de cambio de medidores, los cuales muchos actualmente aún funcionan. También refiere, que el proyecto de ley atenta contra la posibilidad de fiscalización y control de los gastos por parte de las binacionales.
De esta manera, el proyecto fue devuelto el Congreso, que requiere de mayoría absoluta en ambas cámaras para ratificarse en su posición.