En un comunicado difundido este sábado, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) dejó bien clara su postura a favor del Gobierno Nacional con respecto al acuerdo firmado por Mario Abdo con su par brasileño, Jair Bolsonaro.

En el manifiesto, los industriales cuentan que mantuvieron una reunión técnica en la que analizaron “el contexto y los detalles”, del acuerdo bilateral energético, y que tras el estudio, llegaron a la conclusión de que el acta es solamente “una regularización contractual que sincera el real crecimiento de la demanda energética del Paraguay con relación a la potencia garantizada de Itaipú”, justifican los industriales.

Más allá de esta defensa, sí aceptan que la información se socializó tarde con respecto a la firma, y “lamentan”, que se haya sabido del trato y sus implicancias recién 60 días después de la firma “como correspondía hacerlo”, dicen.

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En otro párrafo del comunicado sostienen que el impacto económico que tendrá este acuerdo sobre la ANDE “es innegable”, así como también, según los industriales, no se puede ocultar que la regularización de las condiciones de contratación de energía proveniente de la potencia excedente “era inevitable en un momento en que ambos países se preparan para renegociar e Anexo C del Tratado de Itaipú”, expresa la UIP.

Los industriales consideran que esta situación “no debería implicar” un aumento de la tarifa por el servicio eléctrico, pues creen que “mediante un adecuada gestión de suministro de Itaipú, Yacyretá y Acaray, así como con el buen relacionamiento binacional, se podrían minimizar las consecuencias económicas”.

Los miembros de la UIP son de la opinión que Paraguay “tuvo prioridad durante años”, sobre la energía proveniente de la potencia excedente que Itaipú suministraba principalmente a la ANDE a un precio promedio de US$ 6 el megawatt “cuando el precio real de la energía era de US$ 32 el magawatt”, argumentan los industriales.

Expresan en defensa del acuerdo que la obtención “de más energía excedente que aquella a la que Paraguay tenía derecho, le permitía a la ANDE vender energía a un precio más conveniente que Brasil”, según la UIP.

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Por eso los industriales consideran que en el escenario actual solo “se sinceró el consumo paraguayo, y por ende, los precios”.

Insisten en afirmar que esto no cercena mayores requerimientos de suministro respecto a la demanda paraguaya que pudieran darsae eventualmente.

Por último, la UIP considera que el gobierno “debe abocarse a la búsqueda de opciones para financiar la transición hasta la negociación del 2023, sin que suba la tarifa en ese ínterin”.

Con este manifiesto, el gremio de industriales muestra una abierta defensa a la decisión tomada por el presidente de la República a espaldas de la ciudadanía, y que ahora le arrastra una ola de cuestionamientos, llegando incluso a hablarse de la posibilidad de someterlo a juicio político por haber expuesto los intereses de nuestro país, en un acuerdo de dudosos beneficios para el Paraguay.

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Según explican algunos técnicos, el acuerdo firmado es perjudicial para la ANDE y el Paraguay.

Uno de los puntos más cuestionados del acuerdo es el aumento de la potencia contratada por la ANDE para el año 2019, que subirá gradualmente hasta el 2022. Según especialistas, los incrementos implicarán sobrecostos de US$ 250 millones que golpearán tarde o temprano a Paraguay.