“Exhortamos a los representantes de la Cámara de Diputados a que depongan sus intereses personales y sectoriales, y cumplan con las prescripciones de nuestra Constitución Nacional referente al tratamiento de la pérdida de investidura”, señala la misiva entregada hoy por los miembros de la organización civil.

Los legisladores citados incurrieron, según la nota, en la causal prevista en el artículo 201 de la Constitución Nacional, inciso 2, es decir “uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado”.

Ulises Quintana, quien recientemente abandonó la cárcel, está procesado por un supuesto vínculo con el presunto narco Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña. Se lo acusa de haber usado sus influencias para liberar dinero destinado a la compra de drogas.

Carlos Portillo, cuyo caso judicial está congelado, fue procesado a raíz de audios filtrados que expusieron conversaciones con Auda Fleitas, una persona que tenía un proceso por estafa, para ofrecerle una “ayuda” a cambio del pago de US$ 3.000.

Tomás Rivas enfrenta un proceso, también paralizado, de “caseros de oro”. El legislador nombró a tres hombres como funcionarios de la Cámara Baja; sin embargo, estos se desempeñan como cuidadores de su casa.