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“Esta intervención se trataría de una persecución por parte de políticos de la zona que son la línea del gobierno de turno, a los que les molestan las denuncias que se realizan en algunas programaciones”, aseguró Marcos Barrios, uno de los propietarios de la radio.
El mandamiento judicial dictado por la jueza Tania Carolina Rosa Irún Ayala se realizó en prosecución a la denuncia presentada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Dicha radio, que tenía un alcance de más de 20 kilómetros pertenece al exdiputado Clemente Barrios y sus hermanos Marcos Barrios y Édgar Barrios. Posteriormente, se integró en “Asociación de Radio Comunitaria CEM Quiindy”, que preside Georgino Thomson Miño.
Marcos Barrios manifestó que las autoridades de la radio local, desde abril del presente año vienen solicitando la licencia a Conatel, pero que los responsables de la institución no contestaron la solicitud pese a que la radio fue declarada “de interés municipal”.
Dijo que tampoco la empresa recibió notificación alguna de que estuviera en infracción por parte del ente de control, que es Conatel, que tiene como mandato controlar, fiscalizar y monitorear de manera permanente el espectro radioeléctrico.
Explicó que el transmisor que incautaron tiene un costo de G. 140 millones. Asimismo, recibieron la comunicación de que la radio está suspendida por un plazo de cinco años. Además, por salir al aire sin contar con la licencia correspondiente, se deberá abonar una multa de G. 21 millones.
A Barrios le parece muy evidente que es una cuestión política, que ahora está pasando factura la gente del gobierno, porque en las internas partidarias los hermanos Barrios habrían trabajado por el Movimiento Honor Colorado, aunque en las generales fue por el Partido Colorado.
Según Barrios, a esa situación se suma que su sobrino, el concejal municipal Maximiliano Barrios, lanzó su candidatura a través de las redes sociales consultando a la ciudadanía a quién votaría.
La familia Barrios presume que dicha encuesta colmó la paciencia de los políticos oficialistas de la zona, y que estos decidieron ir cerrando al futuro candidato la posibilidad de usufructuar la radio de su familia para posicionar su candidatura para las internas partidarias.
El pasado 28 de junio, Conatel también decomisó transmisores, micrófono y mezcladora de la radio Escobar FM 87.7, también en el departamento de Paraguarí.
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