Hasta ahora, el Ministerio Público imputó a siete personas en el caso del cuádruple y salvaje homicidio ocurrido en la estancia Taguato. De estas, seis están desde ayer con prisión preventiva en la Penitenciaría de Concepción, acorde a una resolución del juez multifuero de Mariscal Estigarribia, Aníbal David Ortiz Granada.

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Por homicidio doloso, robo agravado, hurto especialmente grave, abigeato y asociación criminal fueron imputados tanto el capataz Vicente Ramírez Acosta como su esposa Elizabeth Duarte Villalba, quien probablemente participó de una u otra forma como coautora. “Hay más de uno de los choferes que vio a esta señora con un arma en su mano y otra al hombro. De que participó, participó, ya sea borrando las huellas del lugar del crimen o participando activamente”, dijo el fiscal Andrés Arriola.

El cuanto al capataz, el fiscal dijo que “cambió ya ocho veces su versión, negando todo, culpando a los hermanos Vera, a otra persona, después dijo que fue él solo, para cubrir a su señora, y finalmente antes de declarar dijo que tuvo problemas con el propietario por el sueldo y le mató".

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"Esto para el Ministerio Público es totalmente falso, atendiendo a que es algo bien planeado sacar guías, traer un transganado. Nosotros no tenemos que llevarnos por lo que digan, o como dicen un ‘giro inesperado’. No hubo ningún giro inesperado”. Aseveró que la prueba contundente la brindará el peritaje de las armas. Ya hay un informe preliminar y se espera el final. Se incautaron las presuntas armas del crimen y vainillas servidas y no servidas “y el cotejo de esos nos va dar la claridad de que esa fue el arma utilizada y al encontrarse en el poder de esa persona no hay ninguna posibilidad de error en esto” .

Los hermanos Vera

Los hermanos José y Carlos Vera hasta ahora no fueron imputados por homicidio, pero antes de ser detenidos ellos habrían dejado un arma de calibre 22 en casa de una persona, que denunció el hecho y por eso la fiscalía incautó esa arma. “Esta arma hay que peritarla, ahí vamos a ver la implicancia de ellos. La gente dice que ellos estaban en otro lugar, puede ser que sí, pero ellos pueden haber prestado el arma o pudieron haber guardado el arma utilizada, entonces ahí ellos ya entran como cómplices de homicidio. Esto no está entendiendo la gente", dijo el agente del Ministerio Público.

Agregó: "Ellos puedan estar en el lugar que quieran y otra cosa es ayudar, ahí son cómplices. Y también el lugar donde se encontraban supuestamente (Tte. Irala Fernández) queda solo a 3 a 4 horas del lugar del crimen”.

Los hermanos Vera se encuentran imputados por abigeato, porque, según la Fiscalía, hay testigos que dicen que ellos esperaron a todos los transganados y los acompañaron hasta la estancia Taguato, donde ayudaron a arrear, remarcar y cargar los animales en los camiones. “Y fueron las personas, que más de un testigo dice, en cuya camioneta se sacaron todas las cosas robadas en la estancia”, agregó Arriola.

Los otros imputados

Se encuentran imputados y con prisión preventiva: el veterinario Juan Casimiro Galeano Núñez, considerado el “cerebro” de la banda; Alberto Chamorro Barreto, chofer y propietario de uno de los transganados, quien según la fiscalía contrató a los otros dos camiones, arreó también las vacas y entregó las guías del ganado a los otros choferes; el abogado Ricardo Emilio Ramírez Caballero, a cuyo nombre fue arrendado el establecimiento en la Picada 500 y quien según testificales acompañó en su camioneta el transganado con los 42 desmamantes desde Taguato hasta la Picada 500.

Aureliano Valiente Duarte fue el único beneficiado ayer con prisión domiciliaria y la persona que entregó los animales en el frigorífico por un cupo suyo.

Otras dos personas están prófugas. Se trata del secretario del abogado y un veterinario de apellido Martínez, quien hizo muchos trámites. Ambos habrían participado al sacar los animales y estar permanentemente en la estancia arrendada, y la otra persona, con una activa participación en gestionar las guías, según las fuentes.

También se libró oficio a los lugares de peaje y surtidores de combustible, para que entreguen las imágenes de seguridad correspondientes. “Hay mucho trabajo todavía por hacer”, refirió el fiscal Arriola.