Una de las afectadas, que no quiso revelar su nombre, sostuvo que está hace ya cinco años en la institución y recientemente fue notificada sobre la no renovación de su contrato en la Defensoría Pública con el argumento de una “reestructuración administrativa”. Es uno de los 340 contratados desvinculados de la institución a fines del mes pasado.

Además, denuncia que aún no se les pagó del salario correspondiente al mes de junio. “Hay gente que está nombrada que hace 2 años no se va a trabajar, y nos toca a nosotros los que más mojamos la camiseta por la institución”, sostuvo.

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Varios afectados se reunieron la semana pasada con el senador Enrique Riera (ANR, cartista), quien aseguró que el Gobierno saca a operadores partidarios para ubicar a otros en cupos políticos. Los afectados contaron que tienen conocimiento que al menos unas 40 personas serían ser contratadas en la brevedad por la defensora general, Selva Morel.

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En la Cámara de Diputados también se dio a conocer la no renovación de más de 600 contratados, ubicados solo por pedidos políticos. Finalmente, el presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR, cartista), afirmó que no hará una barrida y que tendrá en cuenta caso por caso a la hora de recontratar.

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