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Los abogados Juan Martín Barba, Rodrigo Cuevas y Graciela Moreno solicitaron a la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez, la imputación por “alteración de datos relevantes, persecución de inocentes y prevaricato” de la jueza Sánchez, quien anteriormente ordenó la detención de los imputados por el caso donde se investiga presuntos pagos de exalumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica para obtener altas calificaciones.
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El punto relevante, según los abogados que realizan la denuncia es que, entre los investigados en el caso “compra notas”, se encuentra María Belén Whittingslow, la joven que acusó de “acoso” a Kriskovich, a quien el propio Senado solicitó su renuncia al cargo en el JEM por dichos antecedentes.
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Los denunciantes resaltan que en la causa que les compete, los mismos intentaron acceder a través del sistema informático judicial a la causa, pero el mismo no les arrojó resultados. Por ese motivo, recurrieron a todas las instancias para interiorizarse sobre el estado del caso, hasta que finalmente se enteraron -según ellos- sin ser notificados de manera formal, que fueron apartados de la causa por la jueza Sánchez.
El argumento que recibieron es que supuestamente como defensa de los jóvenes se sobrepasaron en “chicanear” el proceso, algo que negaron mencionado, por ejemplo, que de parte del Juzgado ni siquiera llamaron a audiencia preliminar a sus defendidos.
“Toda está situación tiene su origen en la denuncia pública que la acusada Belén Whittingslow radicó en la Cámara de Senadores en dos ocasiones exponiendo los manejos oscuros del Consejero y Miembro del Jurado De Enjuiciamiento de Magistrados Cristian Kriskovich y su maniobra para favorecer a los ternados Alberto Martínez Simón (actualmente Ministro de la Corte) y ahora a Linneo Ynsfrán (ternado para la Corte), situación que evidentemente molestó a Kriskovich”, acusa el documento de denuncia.
El texto agrega además que a consecuencia de dichas influencias, la jueza Sánchez resolvió “unilateralmente y sin sustanciación alguna decretar la rebeldía, librar orden de captura contra los mismos y cancelar la personería de sus abogados”, acto que calificaron “sin precedentes”. Por esto y otros motivos, solicitaron la imputación de la jueza.