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De acuerdo a Presidencia, esta nueva ley que fue propuesta por el sector empresarial el año pasado servirá para proteger los derechos de 129.000 trabajadores que están empleados menos de 35 horas por semana.
Llamó la atención la forma en que se presentó el evento, como una medida sin precedentes. Se hizo una transmisión vía Facebook desde Palacio de López. Estuvieron presentes varias autoridades, entre ellas la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo; el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe, y monseñor Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción.
Todos los oradores centraron su discurso en que esta ley ayudará a la formalización de los trabajadores que no pueden o no quieren trabajar a jornada completa, en especial los estudiantes, que deben trabajar e ir a las universidades a la par.
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Volpe, presidente de la UIP, manifestó que esta ley también ayudará a las pequeñas y medianas empresas para aprovechar la mano de obra joven. “Le va a dar posibilidad a las Pymes a su desarrollo. Al hablar de las Pymes, estamos hablando del 90% de las empresas del Paraguay, pero que solo tienen el 10% del mercado”, sostuvo el titular de la Industrial.
Volpe añadió que, con esta disposición, los hijos también podrán ayudar a sus padres y dio su apoyo a la lucha contra el contrabando que impulsa el presidente de la República. “Tenemos por fin un Presidente que bajó la línea para trabajar en serio”, le dijo a Abdo durante el evento.
La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, dijo que esta ley también ayudará a los adultos mayores y a quienes forman parte de esta “cuarta revolución industrial” en cuestiones como el “teletrabajo”.
Por último, indicó que los trabajadores a tiempo parcial “van a poder diversificarse” y “tener más vínculos” laborales con las empresas.
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Este anuncio se realiza en momentos en el que el país podría perder entre 10.000 y 12.000 puestos de trabajo a raíz de la falta de previsión en cuanto a una decisión del Brasil en torno al régimen de maquila en el sector de autopartes. El Ministerio de Industria y Comercio ya inició las gestiones diplomáticas —con demora— para que el gobierno de Jair Bolsonaro dé marcha atrás a la medida de gravar en 16% a los productos elaborados en nuestro país y que son exportados al Brasil.