En la denuncia formulada por Julio Javier Ríos, ministro de Justicia, se hace referencia al brutal enfrentamiento entre el PCC y el clan Rotela dentro de la Penitenciaría Regional de San Pedro, que dejó como saldo el asesinato de diez internos, del segundo grupo.

Lea más: Imputan al exdirector de cárcel de San Pedro y piden prisión

Las investigaciones sobre este suceso pusieron al descubierto la existencia de un establecimiento conocido como “La granja”, ubicado dentro del predio de la cárcel pero por fuera del muro perimetral. Ese sitio era ilegal pero allí se concedía la residencia a presos, como en un régimen semiabierto.

En su defensa -siempre según la denuncia- Quintana Parodi manifestó verbalmente que los cuatro presos que allí residían contaban con órdenes judiciales. El ahora exdirector proveyó solo tres de dichas órdenes a las autoridades del Ministerio de Justicia, vía WhatsApp, lo que levantó serias sospechas sobre la legitimidad de los documentos.

Los beneficiados con ese régimen semiabierto ilegal fueron: Ángel Tranquilino Giménez, Víctor Brítez Aranda, Gustavo Ramón Paredes Paoli y Juan Ramón Benítez.

El exdirector de la prisión habría solicitado, recibido y aceptado en más de una ocasión dinero y un costoso reloj de la marca Michael Kors a cambio de su consentimiento para permitir salidas. “En otras palabras, dichos beneficios los habría recibido a cambio de la anuencia en el funcionamiento irregular del recinto lesionando sus deberes de director de la Penitenciaría que tenía a su cargo dirigir”, expresa parte del acta de imputación del Ministerio Público.

Ángel Tranquilino Giménez habría depositado -según las primeras investigaciones- la suma de G. 4.000.000 a la cuenta bancaria de Quintana Parodi, presumiblemente para seguir viviendo en “La granja”.