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“Lo oficialmente rendido son 108 kilos”, afirmó el viceministro, contando desde 2011, cuando se otorgó al concesión a la empresa Lampa SA. Para Bejarano, la cifra en promedio es de 30 kilos por año, pero en este último bajó considerablemente.
El viceministro añadió que el gobierno considera poco lo que recibe a cambio del permiso de explotación. “El canon territorial que se paga es bastante bajo sobre la superficie explotada”, además la ley actual “otorga la facultad de pagar esa regalía (por el oro) sobre la rentabilidad (ganancia). Estamos trabajando para que sea sobre el material extraído”, afirmó, sobre la intención de modificar la ley.
Agregó además que otra dificultad para nuestro país es que la ley minera no está reglamentada. Legalmente son pocas las empresas habilitadas por el gobierno para la explotación ya sea de oro, uranio o hierro. La mayoría apenas solicita permisos de prospección. En el caso de Paso Yobái existe una gran cantidad de “mineros” ilegales que no declaran sus hallazgos.
Dijo además, en conversación con radio ABC Cardinal, que los propietarios de terrenos donde se realizan las prospecciones no tienen realmente un derecho sobre el oro, sino que es el gobierno el propietario de todo lo que se encuentra en el subsuelo. No obstante, para realizar los trabajos la empresa habilitada para la explotación debe de acordar con el propietario de las tierras un pago o en el caso de no llegar a acuerdo se puede buscar una vía judicial.