Tras su detención el pasado mayo a las afueras de Tokio, Yoshitomo Imura, empleado de una universidad, reconoció los hechos, y dijo no saber que sus actos eran ilegales.
Los abogados defendieron este argumento en el juicio, pero el tribunal de Yokohama lo desestimó y calificó de “seria” su responsabilidad penal.
Poco antes de su detención, Imura publicó en internet un vídeo que mostraba las armas creadas con su impresora 3D, lo que rápidamente puso en alerta a la policía.
Las impresoras 3D permiten crear objetos en relieve superponiendo capas de plástico u otro material, a partir de los datos de un ordenador.
En Japón se venden modelos para el gran público a partir de unos 575 dólares.