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Operación Pitiusa se llama la investigación ejecutada en mayo de este año, por las autoridades de España que logró la detención de cientos de personas involucradas en la venta de datos de ciudadanos y empresas, entre ellos, directivos de empresas privadas.
La investigación causó la detención de funcionarios de las empresas que facilitaban los datos, de entidades estatales como Hacienda de España, quienes vendían los mismos a detectives privados y otros compradores. El valor estaba en torno a los 30.000 euros, para dejar “desnudo” al investigado.
En México, donde proliferan los secuestros extorsivos y los asesinatos, también ha despertado la intranquilidad de las autoridades puesto que por US$ 12.000 se puede comprar un USB de 160 GB con los datos de los millones de mexicanos.
En este país, no solo los narcotraficantes o miembros de la mafia pueden nutrirse de la venta de datos, sino también la policía mismo, como ocurrió en Tepito, donde los agentes reconocieron que los archivos son completos y les facilitan el trabajo.
Los diputados se mostraron sumamente preocupados por esta vulnerabilidad por lo que comenzaron a solicitar informes sobre los puntos débiles en cuanto a la protección del gobierno a datos almacenados.
En Chile se encuentra vigente desde febrero de este año la Ley Dicom, la cual, limita el acceso a información de las personas. Fue luego de que la consulta excesiva de esta base de datos llegó a condicionar el acceso a puestos laborales, a la atención médica e incluso a la inscripción en escuelas o colegios.
Con la normativa vigente, se elimina del registro a las personas con deudas inferior a los 2,5 millones de pesos.