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Y en ello llevan razón, pues la composición de los Consejos Superiores Universitarios, y de ahí hacia abajo, se caracteriza por su falta de democracia, toda vez que las personas que ocupan dichos cargos no son elegidos por los estamentos que integran la universidad (profesores, estudiantes, trabajadores, jubilados, empleados), sino por personas externas a ella y ajenas a los intereses de la educación pública: empresarios, exrectores, Gobierno central y regional, Ministerio de Educación.
Este sistema de composición de las directivas, aparte de antidemocrático, resulta ser una razón concomitante para peligrosas relaciones entre los directivos de la universidad y los partidos políticos. No en vano, han sido ya varios los exrectores que se han catapultado al poder político cabalgando sobre el caballo de la universidad. Intendentes, ministros, congresistas, concejales, son muchos quienes han hecho uso de su legitimidad para trepar la cuerda del poder. Y ello ha conllevado a que, las más de las veces, los decanos y miembros de las directivas sean fichas políticas de partidos y políticos con intereses non sanctos.
En este sentido, se dice que la democracia en la universidad es una falacia maquillada con discursos “civilistas”. Si la dirección de la universidad expresara realmente el conjunto de intereses que rodean a la sociedad, en su interior habría, por ejemplo, participación de toda la comunidad, que es la que en últimas financia los pocos recursos que poseen las casas de estudio vía impuestos, además de ser las más interesadas en un sistema de educación superior puesto realmente al servicio del país y de la sociedad.
Álvaro José Castorino Anzoátegui