“Le exigimos a la fiscal Gutiérrez que denuncie de una vez, que no demore más esta situación como lo ha hecho antes”, declaró hoy Inés Condori de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Chumbivilcas, Cusco, en una rueda de prensa celebrada en Lima.
Las víctimas se reunieron para exigir que la fiscal Marcelita Gutiérrez, a cargo del caso, formalice la denuncia, tal como ordenó en abril pasado el fiscal superior Luis Landa. “Queremos que los responsables sean sancionados y que el Estado asuma su responsabilidad con miles de víctimas que estamos en diferentes comunidades del país. ¡Que cumplan con nosotras”, enfatizó Condori.
María Elena Carbajal, representante de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Lima, denunció que más de 300 limeñas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), no reciben una defensa jurídica ni atención psicológica.
Agregó que en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio de la Mujer les han dicho que “no hay presupuesto”, para cubrir esos servicios, ordenados por ley.
La también víctima Victoria Vigo pidió, por su parte, que se detenga una “campaña de negacionismo”, que, según aseguró, se da cuando personajes como el exministro de Salud Alejandro Aguinaga afirman que las esterilizaciones forzadas no existieron. “La resolución que ordena denunciar a Fujimori y sus exministros ha demostrado que nuestros testimonios son verosímiles. La verdad es una sola y esperamos hacer justicia no solo para las 2.166 mujeres que denunciamos, sino en miles de mujeres y hombres que aún faltan registrarse y que están en los pueblos olvidados de la costa, sierra y selva”, sostuvo Vigo.
Serafina Illa, una cusqueña que integra la Asociación Nacional de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, recordó que su agrupación fue de las primeras en denunciar estas violaciones de derechos humanos y lamentó que ya muchas de las denunciantes han muerto sin alcanzar justicia ni reparación.
El abogado de la organización civil Demus, Milton Campos, que representa los casos “emblemáticos”, de Mamérita Mestanza, Celia Ramos y Victoria Vigo, dijo que espera que la fiscal formalice la denuncia porque “ya ha transcurrido el tiempo necesario”, para que cumpla con esa orden, que no puede ser apelada ni revisada.
El pasado 25 de abril, el fiscal superior Luis Landa ordenó a Gutiérrez denunciar a Fujimori ante el Poder Judicial como autor mediato (con dominio del hecho) por la ligadura de trompas sin consentimiento previo realizada a cinco mujeres.
También por lesiones graves en un contexto de violaciones a los derechos humanos en agravio de las 2.166 mujeres que hace quince años presentaron la denuncia ante la Fiscalía por estos casos. La denuncia incluye a los exministros Marino Costa Bauer, Eduardo Yong y Alejandro Aguinaga, quien es el médico personal de Fujimori, así como a otros funcionarios como el exdirector del Programa Nacional de Planificación Familiar, Jorge Parra.
La Defensoría del Pueblo constató que entre 1996 y 2001 se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías, casi en su totalidad a personas pobres, quechuahablantes y de zonas rurales, pero se desconoce cuántas fueron sometidas a presuntos engaños y coacciones.
De esa cantidad, 2.166 mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.