CIUDAD DE PANAMÁ. “Hoy (lunes) inicia un proceso que nos debe llevar a un responsable mayor que es Ricardo Martinelli”, dijo a los periodistas Balbina Herrera, dirigente del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata).
Según Herrera, excandidata presidencial en 2009 y una de las más feroces críticas de Martinelli, el expresidente violó “el derecho que tenemos los hombres y mujeres de este país a disentir, a tener nuestra propia intimidad y a tener una voz disidente”.
El Segundo Tribunal de Justicia de Panamá abrió una audiencia preliminar por presunto espionaje contra el exdirector de la Policía, Gustavo Pérez y el exsecretario del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz, ambos nombrados por Martinelli.
Garuz, Pérez y otros dos exfuncionarios prófugos enfrentan cargos por interceptar las comunicaciones de unas 150 personas, entre empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos opositores al gobierno de Martinelli.
La audiencia concluirá el próximo jueves y en ella se deberá determinar si Garuz y Pérez van a juicio.
Por este caso la Corte Suprema de Justicia de Panamá mantiene un proceso de investigación contra Martinelli, aunque por el momento no ha levantado cargos en su contra.
“Martinelli utilizaba estos pinchazos (telefónicos), entre otras cosas, para tener una ventaja sobre sus adversarios políticos”, manifestó Mitchel Doens, quien fue secretario general del PRD durante el período de gobierno de Martinelli.
“Lo que se está ventilando en este proceso fueron las cosas que hizo Ricardo Martinelli desde el poder” contra “nuestras libertades para comunicarnos sin ingerencias”, añadió Doens.
Los opositores a Martinelli siempre le acusaron durante su gobierno de instaurar una “dictadura civil” para perseguir a sus adversarios políticos, que le acusaban de controlar todos los órganos del Estado en beneficio propio.
“No existe ni la más mínima vinculación de nuestro representado a las escuchas telefónicas”, dijo Gustavo Pereira, abogado de Pérez, mientras que el abogado de Garuz, Cristobal Arboleda, manifestó que en el expediente “hay suficientes razones para exonerar” a su cliente.
Cuatro integrantes del gabinete de Martinelli están presos por enriquecimiento ilícito y corrupción, mientras que otros tres exministros tienen medidas cautelares.
El propio Martinelli, que se encuentra fuera de Panamá desde enero, es investigado por la Corte de Justicia por la presunta compra con sobreprecios de comida deshidratada para escuelas del país.