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El gobierno español pidió además a la policía que se mantenga neutral frente al conflicto, suscitado por el anuncio de independencia de autoridades regionales el viernes, que agrava la peor crisis política de España de las últimas cuatro décadas.
La medida busca evitar conflictos cuando el gobierno central busca imponer su control en Cataluña.
El presidente español, Mariano Rajoy, destituyó el viernes al ejecutivo catalán, disolvió el Parlamento regional y convocó elecciones para el 21 de diciembre.
En teoría, la jefatura del gobierno catalán la asumirá el mismo Rajoy, pero las competencias de los dos principales funcionarios se delegan en la práctica en Sáenz de Santamaría, la ministra de Administraciones Territoriales, publicó el sábado el boletín oficial.
La declaración de independencia de Cataluña, si bien llamativa, fue estéril por las medidas de Rajoy y además fue rechazada o desconocida por países europeos, latinoamericanos y Estados Unidos.
Sin embargo, la tensión es alta en la región y los próximos días pueden ser complicados para Madrid, que tratará de controlar las cosas en el terreno.
La votación en el Parlamento regional para declarar la independencia de Cataluña, boicoteada por tres partidos de oposición, culmina una batalla entre el movimiento independentista, encabezado por el destituido presidente Carles Puigdemont, y el Ejecutivo español.
Los separatistas dicen que un referendo para votar la independencia el 1 de octubre, que fue declarado ilegal por Madrid, les dio legitimidad.
El plebiscito respaldó la opción secesionista, pero con una participación de un 43 por ciento. Las encuestas de opinión muestran usualmente que más de la mitad de los 5,3 millones de electores de la rica región nororiental no quieren separarse de España.
El gobierno español cesó al jefe de operaciones de la policía regional catalana, Josep Lluís Trapero, quien es investigado por sedición debido a que permitió el referéndum del 1 de octubre, y pidió a los llamados Mossos d'Esquadra que no tomen partido en el conflicto, según una comunicación interna a la que accedió Reuters.
La toma de las riendas de Cataluña por parte del Gobierno central pondrá a prueba a la policía autonómica catalana, en un contexto de dudas por la posible desobediencia de los empleados públicos en Cataluña a las órdenes de Madrid.
“Cabe recordar que en todas y cada una de nuestras intervenciones actuamos en representación de la institución a la que pertenecemos y no a título individual y que, en consecuencia, el principio de neutralidad opera en todo momento”, dijo el documento.
El principal grupo sececionista, la Asamblea Nacional Catalana, hizo un llamado el viernes a que los funcionarios públicos no sigan las órdenes del gobierno español, pero insistió en que la resistencia debe ser pacífica.
Un sindicato proindependencia llamó a una huelga desde el lunes hasta el 9 de noviembre. El gobierno dijo que se asegurarán los servicios mínimos.
En Madrid, estaba convocada una marcha a favor de la unidad de España, en una muestra de la molestia que la causa independentista ha provocado en el resto del país.