El borrador, aprobado en el Senado por 18 votos a favor y 10 en contra, permitiría fusilar a condenados a muerte en el caso de que no hubiera medicamentos letales disponibles, como ha ocurrido recientemente en numerosos estados.
El proyecto todavía tiene que ser firmado por el gobernador Gary Herbert, aunque el republicano no ha indicado si tiene planes de hacerlo.
El promotor del proyecto, el republicano Paul Ray, alega que el fusilamiento es una alternativa rápida y humana a las inyecciones letales.
La Corte Suprema estadounidense considerará en el próximo mes la constitucionalidad de las inyecciones letales, la forma más común de ejecución en Estados Unidos, que en la actualidad se ha vuelto muy controvertida.
En 2008 el alto tribunal dictaminó que la inyección letal no viola la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe todo “castigo cruel e inusual”. Pero eso fue antes de los recientes escándalos debidos al desabastecimiento de las drogas utilizadas comúnmente, lo que provocó el uso en recientes ejecuciones de medicamentos letales que hicieron agonizar a los reclusos en medio del dolor.