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Los profesionales, agrupados en la asociación Médicos por la Salud y la Vida, señalaron “algunas graves ilegalidades de forma y de fondo que presenta el decreto impugnado”.
Consideraron que la norma “pretende limitar derechos fundamentales garantizados por la Constitución”, como es la “independencia de la conciencia moral y cívica de todo trabajador dependiente”.
Los médicos también afirmaron que “el decreto contiene reiteradas ilegalidades que contradicen en forma contumaz lo dispuesto por la propia ley 18.897”.
Por otra parte, al menos 14 ginecólogos de instituciones médicas públicas y privadas presentaron la llamada “objeción deconciencia” para no realizar abortos, al tiempo que dos mutualistas presentaron la “objeción de ideario” para derivar la práctica a otros centros de salud.
La ley de despenalización del aborto, que entró en vigencia el lunes, prevé la interrupción del embarazo hasta la decimosegunda semana de gestación “por la sola voluntad de la mujer”.
Fuera de ese plazo la norma autoriza la realización de abortos en mujeres que han sufrido una violación y quedaron embarazadas, en caso de malformaciones fetales incompatibles con la vida intrauterina y que se detectan con posterioridad a la decimosegunda semana y cuando la mujer corre riesgo de vida acausa del embarazo.