“Me siento moralmente impedido para actuar como senador y, al mismo tiempo, adelantar mi defensa. Por lo anterior, renuncio al Senado de la República y pido se me acepte la renuncia”, dijo Uribe en un mensaje público a las directivas del Congreso.
La decisión de la Corte Suprema, encargada de juzgar a los congresistas, sacude a las filas del futuro oficialismo a 13 días de que asuma el poder Iván Duque, delfín político de Uribe (2002-2010).
El popular exmandatario de 66 años, fundador del partido Centro Democrático, juró como senador el viernes último tras obtener la votación más alta en las legislativas de marzo.
Sin embargo, la justicia lo tenía en la mira a raíz de un caso que se remonta a 2012. Ese año, presentó una denuncia contra el legislador de oposición Iván Cepeda ante la Corte Suprema por supuesto complot con testigos falsos para intentar involucrarlo en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron por décadas a las guerrillas izquierdistas.
En un insospechado giro, la justicia no solo se abstuvo de procesar a Cepeda, sino que abrió en marzo una investigación previa contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra el opositor.
En un comunicado, el tribunal precisó que Uribe será llamado a indagatoria para que responda por “los delitos de soborno y fraude procesal” cometidos presuntamente después del 16 de febrero pasado. “La Corte Suprema de Justicia recaudó pruebas que la condujeron a abrir investigación formal” contra Uribe y el también legislador del Centro Democrático Álvaro Prada, implicado en la misma causa, indicó.
La ley sanciona con hasta ocho años de prisión los delitos por los que será indagado el expresidente, el político más influyente de este siglo en Colombia y quien, a través de Duque, logró recuperar el poder para la derecha más crítica del proceso de paz con la disuelta guerrilla FARC.
“Expresamos nuestra solidaridad al expresidente Uribe y su familia en estos momentos y estamos seguros de que su honorabilidad e inocencia prevalecerán”, dijo a la prensa Iván Duque, en compañía de la vicepresidenta Marta Ramírez. Además, el mandatario electo expresó su respeto por “la constitución y sus instituciones” y pidió que se garantice la presunción de inocencia de su mentor político.
Defensa y ¿estrategia?
Uribe siempre ha defendido su inocencia en este caso y denunciado “presiones políticas” y “periodísticas” para que la justicia lo condene. “Han pagado testigos en contra nuestra, la Corte lo ha conocido, ejerzo mi derecho a desmontar esos testimonios”, afirmó el exmandatario, quien bajo su gobierno enfrentó escándalos por escuchas ilegales a magistrados, periodistas y a la oposición.
La investigación que interrumpió abruptamente el mandato de Uribe en el Senado se originó en un proceso abierto contra su hermano Santiago por cargos de homicidio y vínculos con paramilitares de ultraderecha en los noventa.
A lo largo de su carrera, el exmandatario se ha defendido de señalamientos que lo relacionan con esos grupos, en parte motivados por la política de mano dura que aplicó contra las guerrillas de izquierda. Bajo su gobierno, unos 30.000 paramilitares se desmovilizaron tras una serie de violaciones de derechos humanos, y varios de sus comandantes terminaron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.
La Corte Suprema ahora busca determinar si Uribe manipuló a testigos que enlodaran al senador Cepeda, como sugieren interceptaciones telefónicas. “A Uribe se le acabaron las dilaciones, los pretextos, es hora de que afronte su responsabilidad”, sostuvo el opositor a la revista Semana.
Apenas conocida la decisión de la justicia, comenzaron a circular especulaciones sobre la supuesta maniobra de Uribe de renunciar al Senado para esquivar la acción de la Corte Suprema, que juzga a los aforados, y someterse a la fiscalía.
“Felicito a la @CorteSupremaJ por esta valiente decisión que reafirma que nadie puede estar por encima de la ley. Esperamos que la anunciada renuncia de Uribe al Senado no impida que la Corte Suprema pueda seguir adelantando esta investigación”, escribió en Twitter José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch.
De momento, la defensa ha ratificado la voluntad del expresidente de aclarar su situación ante los magistrados. “Seguiremos como siempre se ha hecho, que todo se investigue con celeridad. Él nunca ha rehuido en nada frente a la justicia, es el más interesado en que todo se aclare lo más pronto posible”, declaró uno de los abogados de Uribe, Jaime Granados.
El también jurista Jaime Lombana, que representa a Uribe en otros casos, negó la supuesta maniobra. “La competencia sigue en manos de la Corte Suprema, independientemente de la renuncia al Senado y seguirá simplemente la indagatoria”, dijo.