La decisión se tomará durante una reunión de los ministros de Finanzas europeos, quienes acordarán además retirar otros tres países -Baréin, las islas Marshall y Santa Lucía- de su lista de jurisdicciones no cooperativas, adoptada el 5 de diciembre de 2017.
Las tres jurisdicciones caribeñas se suman así a Trinidad y Tobago, Guam, Palau, Samoa, Samoa Americana y Namibia en esta lista negra, que engloba a los territorios considerados como paraísos fiscales y que, en caso de no cooperar, podrían ser sancionados.
Al crear esta herramienta de presión para frenar la evasión fiscal, la UE dejó en suspenso la inclusión de varios países caribeños afectados por los huracanes en septiembre de 2017, a la espera de que normalizaran su situación y pudieran responder a las inquietudes europeas.
Otros cuatro territorios caribeños -Anguilla, las islas Vírgenes Británicas, Dominica y Antigua y Barbuda- pasarán por su parte, junto a los tres países retirados de la lista negra, a la conocida como “lista gris” , por acordar compromisos con la UE que estarán bajo un “estrecho monitoreo”.
En enero, ocho países, entre ellos Panamá, Túnez, Macao, Granada y Barbados, siguieron el mismo camino para recalar en esa lista gris, que cuenta con más de 50 países de todo el mundo, pero de fuera de la UE, como Uruguay y Perú.
La adopción de la lista se enmarca dentro de las respuestas a los escándalos aparecidos en los últimos años como los Papeles de Panamá, una filtración de documentos que reveló cómo la firma de abogados Mossack Fonseca creó sociedades opacas para supuestamente evadir impuestos a escala mundial. De aquí a finales de año, los europeos deben decidir si los países de la lista gris vuelven a la negra por no respetar los compromisos adquiridos.